¿Lo peor ya pasó?

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AR-Macri-PratGayA pesar de que el dato de inflación de junio fue superior al que esperaban y varias décimas por encima al número que Alfonso Prat Gay le había adelantado a otros ministros, en el Gobierno siguen convencidos de que en el segundo semestre habrá una marcada desaceleración en el alza de precios. Pero no están para nada seguros de que la recesión tenga un pronto final.

El convencimiento en un caso y la duda en el otro, fueron respuestas compartidas por tres encumbrados funcionarios de la Jefatura de Gabinete, y de los ministerios de Hacienda y del Interior y Obras Públicas.

El convencimiento y la duda están estrechamente vinculados. La prolongación de la recesión y, particularmente, la caída del consumo es el principal pilar en que se apoya la expectativa oficial de que el alza de precios se va a atenuar. Confían más en la contracción de la demanda que en la política monetaria contractiva de Federico Sturzenegger.

Con toda crudeza, uno de los tres funcionarios consultados atribuyó la caída del consumo al deterioro salarial provocado por el impacto combinado del tarifazo y de la inflación adicional causada por la devaluación y la quita de retenciones.

Sobre el impacto del tarifazo, una planilla que circula por la Casa Rosada y que le fue exhibida a Mauricio Macri en un reunión de gabinete, muestra que los aumentos en electricidad, gas, transporte y agua aumentarán el gasto en $ 786 por mes en promedio para los hogares del área metropolitana que no integran el 30 por ciento más rico de la sociedad ni acceden a los descuentos de la tarifa social.

Ese es el impacto promedio para aproximadamente la mitad de las familias de clase media. Lo que significa que en ese segmento hay quienes pagarán más y otros menos que $ 786. Los incrementos para el 30% más rico son muy superiores. Y para los que tienen tarifa social el aumento mensual promedio es de 260 pesos por mes.
Según esa misma planilla la tarifa social alcanza al 25% de los clientes de Edenor y Edesur, al 19% de los usuarios de gas, al 20% de los viajan en colectivo, al 13% de los viajes en tren, y a nada más que el 4% de los clientes de Aysa.

Con lógica de almacenero, el funcionario le sumó a los $ 786 del impacto tarifario de $ 1.800 de incremento adicional por mes en el gasto en el supermercado, asumiendo para el segmento medio un ingreso familiar promedio de $ 18.000 por mes, de los cuales la mitad se destina a compras en supermercado que se encarecieron un 20% por encima del ritmo de inflación anterior.

“Eso te explica una pérdida de 10-12% en el salario real en el primer semestre”, reconoció. La brusca caída en el poder adquisitivo se vio reflejada en los datos de ventas de supermercados que publicó el Indec, que registró para mayo un 24,7% de incremento interanual, y para los primeros cinco meses del año un aumento del 27,1%; subas nominales que en ambos casos se ubican muy por debajo de la inflación, de lo que se desprende una gruesa caída en las cantidades vendidas.

En bebidas sin alcohol, por ejemplo, las ventas del primer semestre se derrumbaron un 11%. El debilitamiento de la demanda tiene, obviamente, su contraparte en la oferta. El estudio de Orlando Ferreres calculó una caída interanual del 3,9% en la producción industrial de junio, y del 0,8% en el primer semestre; este último dato no luce tan mal, pero da mucho peor si se excluye a los dos únicos sectores que están atravesando una buena época: el complejo oleaginoso (incluyendo la fabricación de agroquímicos) y la industria farmacéutica.

Los funcionarios no disimulan su intranquilidad por la demorada recuperación. Las expectativas de que finalmente la situación se revierta descansa en dos factores: que a partir de ahora los salarios recuperen poder adquisitivo, y que la ejecución de la obra pública entre en el ritmo previsto.

Lo primero, dicho en público por Prat Gay, es por ahora sólo una expresión de deseos. En cuanto a la obra pública, recién este mes se estarían alcanzando los $ 15.000 millones que figuran en el presupuesto como gasto promedio mensual ($ 180.000 millones anuales), lo que efectivamente implica un alza del 50% respecto a la ejecución en los meses de abril y mayo, y diez veces más que en febrero, pero de ninguna manera se va a recuperar en lo que resta del año lo que no se ejecutó hasta ahora. Además, no hay que perder de vista que la inversión pública representa una parte menor de la demanda agregada.

Lo que ha quedado descartado como elemento reactivador en el corto plazo es una lluvia de dólares de inversión privada. Con excepción de los sectores agropecuario, energético y minero, en el oficialismo hay desilusión y desencanto por la actitud conservadora del empresariado, que se está comportando en función de la coyuntura y no del futuro que el Gobierno les plantea.

El Presidente dice que “lo peor ya pasó”, y vaticina crecimiento para el año próximo. Pero para 2017 falta mucho, y, como dijo uno de los ministros consultados, no es lo mismo que la economía comience a repuntar en agosto que hacia final de año o en marzo del año que viene. Llega un punto en que la paciencia comienza a agotarse, el crédito abierto al nuevo gobierno se va desgastando, y no todos los meses aparece un José López.

Fuente: Marcelo Zlotogwiazda, El Cronista

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