Violencia de género: alerta por la aparición de los “Torquemada” del Siglo XXI

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TorquemadaPor Carolina Jacky

Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal numero uno de Necochea y Gustavo Vitale, profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, son colegas que dicen que se ha vuelto a la inquisición, pero que esta vez son los hombres a los que se los pone en la hoguera.

Con el título “Una vuelta a la Inquisición: condena sin pruebas por violencia de género”, ambos realizan una fuerte crítica a fallos como “FALLO NEWBERY” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que ante la falta de testigos condena en base a la declaración de la víctima e indicios que indican que los hechos fueron como se denunciaron.

Este fallo que hace una impecable aplicación de la Convención de Belem do Para y cuyo resumen pueden ver en una impecable nota en http://www.pagina12.com.ar/…/socie…/3-231143-2013-10-13.html

La doctrina y la jurisprudencia discute fuertemente todo lo relacionado con lo que se ha llamado “violencia de género”.

Los colegas nombrados son los nuevos TORQUEMADA de estos tiempos, ya que con su pensamiento provocan que nuevamente “las víctimas” sean las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Con un pensamiento retorcido colocan al victimario como víctima, este es el pensamiento que también anida en nuestro Poder Judicial.

Por Ley 24.632 Argentina aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –“Convención de Belem do Pará”–.

Es importante tener presente lo que esta Convención entiende como violencia contra la mujer, diciendo que es “cualquier violencia, mediante acción o conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, y que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el domicilio con la mujer –señalando que abarca actos de violación, maltrato y abuso sexual– o que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona –comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, ya sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.

Esta Convención es ley para Argentina y tiene rango constitucional, y para algunos esta Convención provoca inconvenientes al principio de legalidad.

El Estado argentino asumió la obligación de hacer cumplir esta Convención, y como si esto fuera poco la Ley 26.485 vino a reforzar este compromiso y obligación.

Sin dudas, con estas normas se produce una relajación de ciertos estándares probatorios para acreditar conductas delictivas teñidas por la violencia de género y la imposibilidad de que un imputado acceda a la probation.

En violencia de género parece que la vieja discusión sobre el testigo único o el doble testigo parece estar aclarada a la luz del avance de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Algunos fallos recientes han considerado que en los delitos con violencia de género la sola declaración de la víctima resulta suficiente para una condena.

Esto es lo que vemos en la causa “Newbery”, donde se investigó una denuncia de una mujer que acusó a su expareja de una amenaza que sólo ella invocó.

Los Torquemada Vitale y Juliano cuestionaron duramente este fallo, y su pensamiento puede seguirse en la web, dando una cabal muestra del pensamiento misógino y patriarcal que se encuentra enquistado en nuestro Poder Judicial.

Entre las expresiones que podemos recoger de estos colegas rescato: “Si hoy se respetaran las reglas básicas de un juicio justo, propio de un Estado constitucional de derecho, podríamos impedir que se siga tratando como enemigos a los imputados de delitos en contextos de género y que se sigan burlando sus derechos fundamentales durante el proceso penal”.

La “probation” (suspensión del juicio a prueba) es un instituto que permite al imputado de ciertos delitos de baja o mediana gravedad reparar el daño y cumplir ciertas reglas de conducta para evitar una condena.

En el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza tenemos muchos Torquemada, que promueven este instituto a pesar de lo que claramente nos manda la Convención de Belem do Pará y la Ley 26.485.

Jueces y Fiscales están tentados en aplicar esta forma de abreviar el proceso, en algunos casos so pretexto de no provocar mayor desgaste jurisdiccional y descomprimir el cúmulo de causas.

Este pensamiento también anida en los Tribunales de Familia, tentados con la “mediación”, la que expresamente está prohibida por la Ley 26.485 que es de orden público y que ninguna norma provincial actual o que se sancione puede modificar.

La Convención de Belem do Pará establece que los Estados firmantes (Argentina lo es) se comprometen a fijar procedimientos legales justos y eficaces para la mujer víctima de violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

La interpretación literal ha llevado y lleva a que muchos tribunales en nuestro país estén señalando que es imposible el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, ya que ello importaría incumplir el tratado, que impone la sanción del culpable a través de un juicio entendido como el debate previo a la condena o absolución de un imputado.

Esta postura ha tenido el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el “Fallo Góngora” ha señalado que los objetivos del tratado “son compatibles con la necesidad de establecer un procedimiento legal justo y eficaz para la mujer”, Y el Superior Tribunal también nos habla de “un juicio oportuno” y finalmente remata diciendo que “la normativa impone que la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente”.

Nuevamente han aparecido los Torquemada, quienes tratan de encontrar otros caminos para violar la Convención y la ley.

Unos hablan de buscar el “consentimiento libremente otorgado por la víctima y el consentimiento fiscal fundado” para convalidar la suspensión del juicio a prueba. Otros nos empiezan a hablar de las falsas denuncias, y construyen una falsa teoría para justificar el camino corto a favor del victimario.

Con esto no se está diciendo que el único camino es la prisión, en muchos casos el camino sería el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico del violento.

Torquemada00Posiblemente en muchos casos deberíamos pensar en gastar en metros cuadrados de construcción en ámbitos de la salud mental y no en prisiones.

Con esto no estoy diciendo que es un enfermo, sino que hay que reeducarlo.
Algo tenemos que hacer con aquel que manifiesta “serás mía o de nadie”, algo que vemos a diario, porque parece que ellos si pueden rehacer su vida, pero ellas no pueden hacerlo.

Esto lo encontramos en violentos que llevan más de 10 años de separados o divorciados y continúan cuestionando si ella sale con otro u otros hombres, como si ellos hubieran hecho votos de castidad, que aunque lo hagan no pueden obligar a la otra parte a hacerlo.

Volviendo al derecho penal, deseo destacar un trabajo realizado por la Dra. María Laura Rodríguez Slivinsky (Poder Judicial Santiago del Estero), la que en forma impecable trata estos temas en una monografía de la que he tomado algunos pensamientos que vale la pena compartir.
(http://www.monografias.com/…/prueba-indiciaria-investigacio…)

Nos dice esta colega que es comprensible el deber del estado de sancionar aquellas acciones delictuales que involucran a la violencia de género conforme lo establecido por la convención de Belém Do Pará, y es así como nos introduce en el tema de los indicios.

Una parte de su trabajo se titula: “Algunos estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de violencia sexual vinculados a los indicios”, y así nos lleva a la famosa causa “González y Otras (Campo Algodonero vs México)”. En este fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció importantes principios jurídicos en materia de violencia sexual, y la autora dice: “. . . en especial en lo referente a la prueba, partiendo del estado en que se encontraron los cadáveres; la negligencia judicial respecto al levantamiento de prueba de importancia, la edad de las víctimas y la mutilación de sus pezones, a pesar de iniciarse con tres denuncias independientes entre sí, en el fallo se estableció un patrón general para construir un caso sólido, a partir de dichos indicios de la presencia de violencia sexual y establecer que el estado mexicano no realizo la prueba médica correspondiente. Para tener los indicios mencionados como evidencia concluyente, la Corte Interamericana sentó que el estándar de la prueba en violencia sexual tiene una amplitud especial, que corresponde a su dificultad y al contexto de discriminación contra las mujeres.”.

Recomiendo la lectura completa de este trabajo el que está en:

 https://www.facebook.com/groups/violenciacontralamujer/

Sería muy bueno que los Torquemada del Foro Provincial y Nacional lean esta monografía, y a partir de ella repasen los fallos de la CIDH que debemos seguir en nuestro país.

El incumplimiento a estos fallos hace responsable a los Estados firmantes y esta responsabilidad se traducirá en una condena.

En este fallo se hacer referencia a los estereotipos de género, la discriminación contra las mujeres.
Es muy interesante como la CIDH nos habla de aquellos que hacen ver a los victimarios como enfermos o caracterizar a las mujeres buenas (amas de casa) y las mujeres malas (de la calle), siendo estas últimas las insinuantes en su forma de vestir o de comportarse en forma provocativa.

En “Campo Algodonero” la Corte definió el femicidio como: “homicidio de mujeres por razones de género”. El asesinato de mujeres tuvo como móvil la violencia sexual.

Como conclusión de su trabajo es imperdible y excelente lo que nos dice la Dra. María Laura Rodríguez Slivinsky: “. . . es de remarcar la importancia dentro de la Teoría General del Proceso, que reviste la prueba indiciaria para la investigación de delitos complejos, y en especial a aquellos que se encuentran vinculados a la violencia de género, por la importancia que esta temática va tomando dentro de la órbita del derecho penal y en atención a los compromisos internacionales asumidos por nuestra nación respecto a la investigación y sanción de dichos delitos, sin perjuicio de las responsabilidades respecto a las acciones para prevenir y erradicar dicha problemática, por lo que es fundamental la observancia del sistema judicial argentino de las pautas y parámetros establecidos en los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el aludido en este trabajo, a los fines de no incurrir en el reproche de inobservancia de los compromisos asumidos ante un eventual control de convencionalidad al respecto”.

Como dijimos antes, los Torquemada de nuestro derecho mencionan el tema de las falsas denuncias.
Algunos de estos Inquisidores hasta intentan relevar datos sobre la cantidad de “falsas denuncias”.
Para ellos podemos traer una nota del Diario El País de España, que titula “EL MITO DE LAS FALSAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA”.

En su publicación este diario español nos dice que al analizar este argumento se advierte que “parte de la idea de la mujer perversa que denuncia para hacer daño al hombre y para beneficiarse”, y sigue diciendo: “porque conforme la sociedad ha avanzado más en la lucha contra la violencia de género y ha dejado menos espacio a los maltratadores -señal de que la respuesta social está teniendo éxito-, en lugar de tomar esa realidad como demostración de la verdad de la violencia de género y de la necesidad y eficacia de la denuncia, la reacción es la contraria: se cuestiona la conducta que permite superar esa violencia y a los hombres violentos”.

Lo que nos viene a indicar el Diario El País es que prestemos atención a quienes enarbolan este mito, porque seguro ahí podemos tener “un violento o un idiota”.

En España, las denuncias falsas no llegan al 1% del total, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, y el delito de violencia de género es, de lejos, el que menos denuncias falsas tiene.

Es de estimar que algo similar sucede en nuestra sociedad, por lo que debemos tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones que vuelven a estereotipar a la mujer.

En Mendoza se avanzará en profundos cambios en el Poder Judicial.
Esta semana asumió el nuevo Procurador de la Corte, Jefe de los Fiscales.
El Doctor Alejandro Gulle ha dictado resoluciones disponiendo el trabajo de las nuevas fiscalías, reorganizando su trabajo, manteniendo las causas que hasta el momento tienen los Fiscales en Delitos Complejos hasta que las terminen, estando pendiente ver que es lo que hará respecto a violencia de género y hacer conocer quiénes serán sus colaboradores más cercanos.

Sin dudas le toca una tarea muy delicada, no puede quedar bien con Dios y con el Diablo, y dicen que a los tibios los vomita Dios.

La cuestión de la “violencia de género” está en la mira de la sociedad, sino pregunten a Cordera.
Ningún colaborador del Doctor Alejandro Gulle puede tener a su cargo el área de violencia de género, cuando sus antecedentes puedan ser discutidos respecto a este tema.

Aquel que no tenga una clara visión de este Nuevo Paradigma, de esta Nueva Materia del Derecho, no es conveniente que dirija o controle a quien se ocupe de estos temas.

Quienes trabajan a diario en las áreas de género de nuestra sociedad esta pendiente de lo que el Procurador decida sobre el tema.
Esperamos su decisión

Fuente: Carolina Jacky – Diario Extra

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