“El Gobierno empezó a dar de baja pensiones por discapacidad”

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Entre bajas y suspensiones, se redujeron 70 mil beneficios por invalidez. El Gobierno señala irregularidades por el notable aumento de pensiones en la última década; en algunos casos se cancelaron beneficios sin contacto previo con el titular.

“El Gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad”, señaló un artículo del diario Clarín. “A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión”, agregó la nota.

El Estado nacional otorga una pensión por discapacidad a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en la capacidad laboral del 76% o más. Se trata de una pensión no contributiva, es decir que no requiere aportes previos, que corresponde al 70% de la jubilación mínima (hoy $4.475), salvo en los casos de personas de más de 65 años que luego de la llamada “ley de reparación histórica” del último año pasaron a cobrar una pensión universal del 80% de la jubilación mínima ($5.115).

En 2016 hubo 1.041.004 beneficiarios de pensiones por invalidez, un 0,61% por encima de las 1.034.743 de 2015, de acuerdo con los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación. Para 2017, el Presupuesto nacional previó aumentar el número a 1.063.653.

Sin embargo, en los primeros seis meses de este año el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación redujo en 71.706 las pensiones por invalidez, entre bajas (19.215) y suspensiones (52.491), de acuerdo con la información de la cartera que dirige Carolina Stanley publicada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el concejal del Frente para la Victoria de San Martín Hernán Letcher.

Sobre las causas de estas reducciones, el informe del CEPA destaca que “en su mayoría se trata de titulares de automóviles”, seguido por los “titulares de derecho cuyo cónyuge ha recibido algún beneficio previsional”, los que “muestran tener ingresos por empleo” o que “no alcanza el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio previsional”.

Estas condiciones se aplican por el Decreto 432/97, firmado por el ex presidente Carlos Menem, en el que se exige a los titulares de las pensiones por invalidez “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, entre otras cosas. Es una norma que ninguna de las gestiones previas -incluida las dos Presidencias de Cristina Fernández de Kirchner- derogó, por lo que está vigente.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que las bajas se deben a irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez durante los años previos. “Hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo”, sostuvo en un comunicado la ministra Stanley, quien además señaló que en cruces mensuales de información “se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168 mil pensiones”. Chequeado pidió la información discriminada de las altas y bajas de la última década y hasta el cierre de este artículo no fue enviada.

Efectivamente, entre 2003 y 2015, según datos oficiales la cantidad de beneficios por discapacidad aumentó notablemente, al pasar de 78.585 a 1.034.743, un incremento de 956.158 pensiones (+1.217%).

El número también aumentó en 2015, así como también creció el total de pensiones no contributivas (que incluyen también aquellas para madres de 7 o más hijos, por ejemplo). Esto pudo haber ocurrido porque las nuevas altas superaron a las bajas de ese año mencionadas por Stanley.

 
Sobre la evolución en los últimos años, Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), explicó que la Argentina firmó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y que “puede haber ocurrido que el Ministerio de Desarrollo Social haya flexibilizado en los hechos las condiciones de otorgamiento de pensiones no contributivas para hacerlas compatibles” con dicho texto.

“Esto no quiere decir que no puedan haber habido errores en los otorgamientos, pero dado que las pensiones se otorgan en razón de la vulnerabilidad, el Ministerio debe analizar caso por caso antes de tomar una decisión que afecta a una persona de un colectivo vulnerable”, siguió Suleiman, quien detalló que en base a la convención “el Estado debe garantizar a una persona con discapacidad el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en igualdad de condiciones que los demás. Esto supone no quitarle su pensión por los ingresos de un familiar”.

Por otro lado, desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se criticó al oficialismo por dar de baja beneficios en algunos casos sin un contacto previo con la persona afectada. Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, justificó: “En muchos casos no tenemos los teléfonos de las personas, no tenemos las direcciones adecuadas, la gente no hace una actualización de datos permanente como en otros programas, por lo tanto contactarnos con ellos nos es muy difícil”.

Bárbara Schargorodsky, abogada especialista en temas previsionales, mencionó a Chequeado que se está haciendo un recorte por miedo a la existencia de irregularidades y como forma de reducir gastos. Pero criticó que no se está dando el derecho a las personas de probar que sí están en condiciones de recibir la pensión previo al recorte. “Lo correcto es primero citar a las personas, intimarlos a que presenten la documentación necesaria, hacer la investigación y recién después dar de baja el beneficio”, concluyó Schargorodsky.

Fuente Chequeado / Ariel Riera y Matías Di Santi

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