#URGENTE #TragediaDeLaRN281 – EXCLUSIVO: El texto de la sentencia a Carlos Sandoval

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ADELANTO: La familia Silvi – MArcos, a través de sus abogados patrocinantes MArsicano-Nanni apelarán este fallo socialmente insuficiente y repudiable.

Este es el texto completo de la sentencia impuesta en la causa en la que falleciera Ricardo Silvi.

Carlos Sandoval causó la tragedia. Gozará de prisión en suspenso con 3 años y 6 años de inhabilitación para manejar vehículos.

TOMO: XLII – SENTENCIAS –                                        REGISTRO: 1.194                 FOLIO: 147/161

En la Ciudad de Caleta Olivia, Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz, al primer día del mes de octubre de dos mil dieciocho, siendo las doce horas, se reúne la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, integrada por los Señores Jueces, Dr. Jorge Omar Alonso, a cargo de la Presidencia y los Dres. Juan Pablo Olivera y Humberto Eduardo MONELOS (Subrogante), como Vocales de la misma, junto con la Señora Secretaria Dra. Laura Inés Vallebella, a los fines de dictar sentencia en la causa caratulada: “SANDOVAL, CARLOS ALBERTO S/ INF. ART. 84 Y 94 DEL CP” – Expte. N° 4.303/17, originaria del Juzgado de Instrucción y del Menor Nº 1 de la ciudad de Puerto Deseado con el Nº 6.158/13, seguida a: Carlos Alberto SANDOVAL, de apellido materno RUIZ, hijo de Carlos e Isabel, sin apodos, de nacionalidad argentina, soltero, instruido (Técnico en Seguridad e Higiene), empleado, nacido el 20 de julio de 1982 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, con último domicilio en calle Lago Buenos Aires N° 758 de la ciudad de Pico Truncado, D.N.I. 29.848.090.  Intervienen en el proceso: el Sr. Fiscal de Cámara Dr. Carlos Rubén Rearte asistido por su Letrado Adjunto el Dr. Ramiro López Chiartano; la Sra. Ana María Marcos como Querellante representada por el Dr. Heraldo Juan Nanni; la representante del Ministerio Público Pupilar Dra. Carina Días y el Sr. Defensor particular Dr. Carlos Toledo Vargas.

Y RESULTANDO:

                              Que arriba el presente expediente a este Tribunal en virtud de los requerimientos de elevación a juicio efectuados por la Querella a fs.748/754 y por el Fiscal de grado a fs. 756/764vta, en los que se imputa a Carlos Alberto SANDOVAL el delito de Homicidio Culposo Agravado; Lesiones Gravísimas Culposas Agravadas; Lesiones Graves Culposas Agravadas y Lesiones Leves Culposas Agravadas, todo en concurso ideal, previstos en los arts. 54, 84, 94, 2° párrafo en función del 91, 90 y 89 del C.P..

                              Que en oportunidad de la apertura del debate, las partes acordaron la incorporación por su lectura de la totalidad de la prueba oportunamente ofrecida y admitida por el Tribunal, con la excepción de los testigos presentes que declararon frente al Tribunal.

                              Al momento de alegar, el acusador privado, sostuvo que en este caso no se cuestiona si el hecho efectivamente ha sucedido en las circunstancias de modo tiempo y lugar tal como fuera redactado en la requisitoria de elevación a juicio, ni tampoco si su autor fue Sandoval, ya que esto quedó acreditado con los documentos, declaraciones, pericias y actas incorporados por su lectura. Así sostuvo que la responsabilidad de Sandoval, quedó acreditada como para realizar un pedido de pena de cumplimiento efectivo en su contra. Que el eje de su conducta imprudente estuvo dado por el nivel de alcohol en sangre superior al permitido y por su evidente cansancio que le impidieron manejar un vehículo con la perfección de sus funciones motoras. Así tuvo por acreditado el hecho imputado y la autoría, conforme lo expresara en su requerimiento de elevación a juicio. Adhirió y dio por reproducidos los argumentos brindados por el Fiscal de Instrucción en ocasión de requerir la elevación de la causa a juicio oral. Agregando que se ha demostrado: mediante la Alcoholemia, que el imputado al momento del siniestro poseía alcohol en sangre excedido de los límites establecidos por la ley Nacional de Tránsito y su decreto reglamentario, conforme surge de los Informes de fs. 38 y 103. Hizo referencias a la prueba pericial en accidentología de fs. 495/499, la cual analizó al igual que el informe técnico elaborado por el Comisario Alejandro Valle que arroja similares conclusiones acerca de la causa y modo en que se produjo la colisión. Referenció y analizó las declaraciones de José SANTIVAÑEZ, Gumercindo BARRIGA y de Marcelo GOMEZ relativas a los momentos previos, concomitantes y posteriores a la colisión. Alegó que tanto las pericias como las declaraciones testimoniales han sido corroboradas inclusive por el imputado SANDOVAL quién en esta audiencia al prestar declaración indagatoria, a su entender, ha confesado lisa y llanamente su conducción imprudente. Así dijo: “…contó SANDOVAL que no recordaba el preciso momento del hecho, no se acordaba si se durmió pero que sí recordaba que “se agachó para recoger su celular (esto último lo dice en instrucción a fs. 591 vta)” y después de ello no se acuerda más. Consideró que es un accionar de altísimo riesgo en la conducción de un vehículo agacharse en pleno manejo para buscar algo en el habitáculo pues es obvio que provoca una distracción que lo puede llevar a provocar un accidente. Agregó que hay otros factores de atribución que no pueden soslayarse: “El estado de alcoholización, recordemos que el siniestro ocurrió cerca de las 9 horas y que la extracción de muestras sanguíneas se efectivizó a las 12:20 hs. y dio un resultado de 0,8 gramos de alcohol por litro en sangre (máximo permitido es 0,5), lo que determina que al momento del hecho el estado de alcoholización era superior. En consecuencia, el hecho está demostrado y SANDOVAL es su autor penalmente responsable. Observemos las características del obrar culposo desplegado por Sandoval en la emergencia, conduciendo en un estado sucesivo de infracción, en el que inicialmente violó la ley al hacerlo alcoholizado por fuera de los límites permitidos, y, luego, por perder el control del vehículo ya sea por quedarse dormido o por buscar el celular en el piso de la camioneta. Y observemos la magnitud del daño por ese accionar: Una persona fallecida, un joven con lesiones gravísimas con capacidad diferente para el resto de su vida, tres personas con lesiones graves y varias más con lesiones leves. Lesiones graves y lesiones leves que en este caso no son tales. Las Lesiones graves o las Lesiones leves porque el ordenamiento jurídico establece una incapacidad para trabajar mayor o menor a 30 días. Pero como hemos podido escuchar a los padres de los jóvenes que experimentaron esas lesiones leves, todavía hoy perduran los “efectos del daño”. Todavía hoy muchos jóvenes no quieren viajar o pasar por el lugar. Muchos dejaron de jugar al Básquet y otros sufrieron y sufrirán las consecuencias del obrar imprudente de Sandoval.

                              Al fundar su pedido de una pena de cumplimiento efectivo, citó en apoyo de su postura, la “Teoría de la Prevención General Positiva”, y la obra: “Homicidio y Lesiones Imprudentes en el Tránsito Vehicular”, de José Cesano y Fernando Comuñez, Ed. Hammurabi. Recordó que en este caso confluyen ambas circunstancias: pluralidad de resultados lesivos y el resultado de la pericia psicológica absolutamente desfavorable para Sandoval. Y que si la escala penal prevista en el art. 84 del C.P. prevé la posibilidad de imponer condenas de hasta cinco años, resulta claro que existe una licencia legislativa para imponer penas de cumplimiento efectivo para los casos más graves.

                               Para solicitar la pena tuvo en cuenta como agravantes las características del hecho, el daño causado y la actitud posterior a la comisión del delito por parte de Sandoval. También tengo en cuenta las características de su personalidad conforme el dictamen de la perito en Psicología. Como atenuantes: La falta de antecedentes penales. Y concluyó acusando al imputado, por considerarlo autor criminalmente responsable de la comisión del delito de Homicidio culposo agravado (art. 84 del C.P.) en perjuicio de quien en vida fuera Ricardo Daniel SILVI; lesiones culposas agravadas en perjuicio de José Ramón PEREZ (art. 94 – segundo párrafo en función del art. 91 del C.P.) y Lesiones graves culposas agravadas a Manuel Oscar ÁLVAREZ, Damián QUINTANA y Rodrigo Alejandro CÓRDOBA (arts. 92 –segundo párrafo en función del art. 90 del C.P.) y Lesiones leves culposas agravadas por la conducción de un automotor (art. 94 en función del art. 89 del C.P.) a José Manuel SANTIBAÑEZ, Cristian Ariel MUÑOZ, Renzo SILVI, Enzo TIRACHINI, Nicolás Gustavo TAVERNA, Braian Leonel ALEGRE, Juan Ignacio SERRANO, José Manuel CASELLA, Enzo Marcos BARRA y Fernando Ariel APESTEGUIA, todos en CONCURSO IDEAL (art. 54 del C.P.),  solicitando la aplicación de una pena de Cuatro años y seis meses prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta para conducir vehículos por doble tiempo de la condena, con más las costas del proceso.

                              Luego fue escuchada la Sra. Vivian Perrone, representante de la ONG “Madres del Dolor”, quien se presentó informalmente y se aceptó escucharla, con consentimiento de las partes y en carácter no vinculante.   Agradeció ser escuchada y dijo que es la madre de Kevin Sedano, su hijo que fue atropellado, que nunca supieron si el que lo atropelló estaba alcoholizado por que se fugó y fue encontrado dos días después. Por ello comenzó a ver la cantidad de casos que hay en el país, la gran cantidad de muertes de jóvenes en el país. Que por la muerte de su hijo luego del juicio al condenado le pusieron las esposas. Que como ella vivió eso, que fue y encontró a su hijo en la Av. agonizando, que puede imaginarse lo que produjo Sandoval, lo que vivieron esos chicos, al hijo del fallecido, eso les dejó secuelas psicológicas de por vida. Que viendo como fue esa situación que Sandoval era chofer y había hecho cursos de manejo, él sabía ese día que después de tomar alcohol y de hacer todo lo que hizo, sabía que le podía causar el daño que causó, sus compañeros le dijeron lo que podía producir. Que pide a los jueces desde el corazón y desde hace dieciséis años, que lucha por las víctimas, se logró la ley de víctimas, espera que Sandoval cumpla con una condena efectiva y que preso pueda arrepentirse de todo lo que hizo, lo que va a servir en Argentina por todos los casos viales que ocurren, Sandoval va a poder volver a estar con su familia. Que ella confía en los jueces como profesionales, que está comunicándose a nivel nacional por que la ley de víctimas está sirviendo, Sandoval va a poder pensar en la cárcel lo que hizo, que confía en los jueces, rogando a Dios que se pueda cambiar la cantidad de muertes que ocurren en las rutas, agradece la oportunidad y respetarle su derecho como representante de una ONG. Pide justicia efectiva, sentencia efectiva, no esperar que quede firme la sentencia. Que Sandoval pueda pensar lo que hizo.

                              A su turno al Sr. Fiscal de Cámara, hizo propio el hecho que se le imputara a Sandoval que constara en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal de grado. Dijo que se encuentra claramente probado el hecho imputado, no existen dudas del mismo, el que fuera leído en el inicio del juicio, del que hace referencias. Que el imputado en su declaración relata las circunstancias previas al hecho, que había salido la noche anterior para ir -luego de una larga jornada laboral- a Cañadón Seco, a Caleta Olivia, donde fueron al Casino. Que por el sueño en dos oportunidades paró a dormir, pero luego a las ocho de la mañana procedió a seguir conduciendo por la ruta y que en un momento se le cayó el celular, que no vio la luz de mini bus y que no sabe si se durmió. Que luego es trasladado al hospital de esta ciudad y luego supo qué pasó, que por recomendación de su abogado no se acercó a las víctimas, y que no quiso matar a nadie. Las pruebas sustentan el hecho como así también el relato del imputado sobre su imprudencia. El testigo Santiváñez, refirió todos los aspectos previos y post accidente, dijo que salieron temprano de Deseado y que luego de pasar Jaramillo ve una camioneta que se cruza de carril que le hace cambió de luces y que luego invadió su carril, que pretendió evitarlo, pero se produjo el impacto. Refirió las condiciones temporales, las de la ruta, la falta de atención del conductor embistente, que no advirtió las señas de luces que le efectuara, que fueron en vano. El imputado invadió el carril contrario y produjo el accidente. Este testimonio es clave, Barriga y Gómez son contestes con ese testimonio. Que ellos iban mirando al frente y ven que el vehículo Ranger se cambia de carril y embiste la Trafic. La señora Taverna declaró lo que le dijo su hijo de cómo fue el hecho. Estas pruebas fueron convalidadas por las pericias técnicas, la Lic. Cortés hizo la pericia y el Lic. Valle hizo el informe técnico. Cortés refirió lo que se tuvo en consideración, tiempo, estado del camino. Según los testigos era un día calmo, sin alteraciones físicas, un día claro, con condiciones correctas del pavimento y en una recta. Que son determinantes las condiciones humanas del imputado, que referenció la circunstancia de descuido. Barriga dijo que el imputado le dijo que se durmió, un policía escuchó lo mismo, se le suma la fatiga del imputado desde el día anterior y la maniobra inapropiada, la circunstancia de descuido. Esa somnolencia también estuvo dada por el resultado de la alcoholemia, ya que tres horas después el resultado arrojó que poseía 0,80, si se hubiese extraído antes la muestra de sangre, el resultado hubiera sido muy superior a ese valor. No existen dudas que el imputado ha sido negligente en su actuar, invadió el carril contrario, y por el cansancio y somnolencia se causó el accidente. Omitió el deber de cuidado, si hubiera conducido correctamente, sin haber consumido alcohol y sin cansancio. No cumplió esos parámetros y por su conducta indebida generó las consecuencias que conocemos. Que la calificación legal es similar a la planteada por la querella: Homicidio agravado, lesiones culposas gravísimas agravadas, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves agravadas, todo en concurso ideal, la agravante es porque fue ocasionado con conducción negligente de un vehículo automotor. Respecto a la pena, tuvo en cuenta como atenuante la falta de antecedentes y su situación familiar y como agravantes la magnitud del daño ocasionado, comparte lo expresado por el letrado de la querella que referenció claramente el daño físico y psicológico. Que solicita una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y una inhabilitación especial de nueve años para conducir vehículos.

                                      A su turno, el Sr. Defensor Particular -Dr. Carlos Toledo Vargas alegó: que tanto la parte querellante como el fiscal de cámara han hecho referencia a la prueba existente en la causa y que no incursionará en ella y partiendo de la acusación de la parte querellante, que no se discute el hecho y la autoría pero sí la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo e hizo hincapié en la alcoholemia y a las condiciones de cansancio y a lo referido por los testigos en cuanto a que su defendido refirió que se quedó dormido. Que el señor Fiscal hace referencia que la alcoholemia se efectuó tres horas más tarde por lo que le debió dar más si se hacía enseguida. Que tanto el querellante como el fiscal al requerir la elevación a juicio de la causa, lo hacen con la calidad de culposas y así llega el expediente a esta Cámara. Todos entienden que se trató de un accidente, que se le atribuye como negligencia e imprudencia, estando excluido el dolo. Que intentó acudir a la suspensión de juicio a prueba, que en principio aceptó el fiscal que luego adhirió a la negativa de la querella. Que la defensa en el juzgado de Instrucción tomó conocimiento en forma tardía, no se puede repetir la extracción de sangre, se planteó la nulidad de la alcoholemia por considerar que hubo un error, pero su petición fue rechazada.  Que expuso una confusión en la alcoholemia. En el informe médico dice que Sandoval no tenía aliento etílico, pero en relación a Santiváñez, dice que sí tenía aliento etílico. Sandoval ya dijo que él no consume alcohol, los envases que había en el lugar eran para sus acompañantes. En la hipótesis que se mantuviera el informe de alcoholemia el mismo es levemente superior al permitido, si ese informe fuera de él no estaba alcoholizado. Que testigos presenciales refirieron que Sandoval dijo que se quedó dormido, ninguno dijo que estaba en estado de ebriedad. Que si bien la alcoholemia se hizo tres horas después, es poco tiempo, y que se le aplicara suero no disminuye el porcentaje en sangre, y que la única forma de eliminar el alcohol en sangre es a través de la orina. Que el señor Silvi no llevaba puesto el cinturón de seguridad de uso obligatorio, que de llevarlo estaría con vida como Santibáñez, esto está acreditado por los que intentaron socorrerlo no dijeron que tuvieran ese impedimento como con Santiváñez, Pérez dijo que justo se levantó un momento antes del hecho. Que la aplicación de pena de cumplimiento efectivo considera que debe rechazarse, el homicidio culposo derivado de un accidente, tiene pena de entre dos y cinco años de prisión, están pidiendo casi el máximo. Los antecedentes jurisprudenciales, demuestran que se han aplicado penas en suspenso. Que su defendido carece de antecedentes penales desfavorables es un trabajador petrolero y un futuro padre que lo conceptúa como una buena persona. Hizo hincapié en el beneficio de la duda, fundado en situación de duda que ha generado los resultados de alcoholemia, que no está claro si son de Santiváñez o de Sandoval. Por lo expuesto solicita que se le aplique la pena mínima del homicidio, lesiones graves, leves y gravísimas, todas culposas por los que fuera acusado. Que hace la reserva de acudir en Casación.

                            Hubo réplica del Sr. Fiscal de Cámara diciendo: que cuando se pidió la suspensión de juicio a prueba se pidió la audiencia para ver si era viable o no otorgar el consentimiento. Refiere que en la Fiscalía se habla con las víctimas y la parte querellante, agrega que nunca se expresó en la causa que esa sería la postura.

                            No hubo dúplica.

                            La representante del Ministerio Público Pupilar expresó que adhiere a lo peticionado por el Sr. fiscal y la parte querellante.

                            Finalmente, el imputado hizo uso de su derecho a dirigirse al Tribunal conforme el Art. 376 última parte del C.P.P., y dijo que nunca salió a la ruta a matar, que no consume alcohol, que nunca le hizo mal a nadie, que sirvió a la patria en las Fuerzas Armadas, que aun hoy trabaja en una empresa. Que no puede dormir ni conducir desde ese día. Que quiso hablar con las víctimas por el dolor, pero su abogado no se lo aconsejó. Que necesita trabajar porque tiene un hijo en camino por eso quiere su libertad, que él no es un asesino. Con lo cual la causa quedó en estado de resolver;

Y CONSIDERANDO:

                               Que luego de cumplir con el proceso de deliberación (art. 381 del C.P.P.), el Tribunal, en forma conjunta, estableció para resolver las siguientes cuestiones: I) ¿Existió el hecho y su autor fue el acusado?; II) ¿Qué calificación corresponde darle al hecho?; III) ¿Cuál es la sanción a aplicar y si corresponde la imposición de costas del proceso?

I) EXISTENCIA MATERIAL DEL HECHO. SU AUTORIA.

                                  A la primera cuestión el Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Omar Alonso dijo:

                                  La Querella y la Fiscalía tuvieron por acreditada la hipótesis fáctica contenida en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, sosteniendo la responsabilidad penal de Sandoval, en el hecho: “… que el día 13 de Abril de 2013, siendo aproximadamente las 09:00 horas, por Ruta Nacional N° 281 circulaba un vehículo Marca Ford Ranger, dominio JLO- 521, individualizado como interno N° 76 perteneciente a la empresa INDUS S.A. con sentido noreste-sureste, conducido por Carlos Alberto SANDOVAL en compañía de Cristian MUÑOZ y Manuel Álvarez, con destino a la zona de pesca de esta jurisdicción de Puerto Deseado y a la altura del km 121 invadió el carril de circulación contrario embistiendo en forma frontal excéntrica, el vértice delantero derecho del rodado marca IVECO Daily, dominio JYL-273, conducida por el Sr. José Manuel SANTIBAÑEZ, que circulaba en sentido contrario con destino a la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, transportando un contingente de adolescentes pertenecientes a la escuela Municipal de Básquet de Puerto Deseado, viéndose obligado el chofer del rodado IVECO a realizar maniobras evasivas, aplicando los frenos no logrando eludir el obstáculo ante lo imprevisto del accionar del acusado provocando la muerte de Ricardo Daniel SILVI, padre del menor Renzo SILVI y acompañante de los demás menores de la Escuela de Básquet mencionada, debido a shock hipovolémico, desgarro hepático, mesentérico y pulmonar, como consecuencia del politraumatismo sufrido y lesiones  gravísimas a José Ramón PEREZ, y Lesiones graves  en  Manuel Oscar ÁLVAREZ, Damián QUINTANA, Rodrigo Alejandro CÓRDOBA y lesiones leves a Renzo SILVI, Enzo TIRACHINI, Nicolás Gustavo TAVERNA, Braian Leonel ALEGRE, Juna Ignacio SERRANO, José Manuel CASELLA, Enzo Marcos BARRA, Fernando Ariel APESTEGUIA, José Manuel SANTIBAÑEZ y  Cristian Ariel MUÑOZ.” (Conf. requerimiento fiscal de elevación a juicio que el letrado de la Querella y Sr. Fiscal de Cámara hicieron propio).

                                  En ocasión de declarar en la audiencia de debate, el imputado Sandoval, dijo: “…salimos para la Bahía [Mazaredo] a pescar y llevamos comida y alcohol para la playa. Nunca quise salir a la ruta a matar a nadie. Más allá de mi responsabilidad. En el momento que me desperté del accidente, porque me ahogaba con la sangre, dieron vuelta la camioneta. Pregunté si había fallecido alguien y me dijeron que no. En el Hospital me enteré de que si había muerto. No me acerqué a la familia por consejo de mi abogado. Se que no le voy a devolver la vida. Más que pedir disculpas, -que yo no aceptaría si me hubiera pasado a mi- no puedo hacer. Manejaba una Ford Ranger de INDUS. Yo no consumía alcohol en el viaje… salimos 12:30 hs. de la noche, cargamos combustible en Cañadón Seco, pasamos por el Casino de Caleta, yo me quedé durmiendo en la parte de atrás de la camioneta y a las 04.30 o 05:00, me despertaron y salimos.  Hasta Fitz Roy manejó Cristian y yo me desperté y lo vi con sueño. Le dije que pare la camioneta y a las 08:00 me desperté, me lavé la cara y seguimos. No venía mal dormido, creo que fue la pastilla para el resfrío que me hizo dormir, yo lo último que recuerdo es que me agaché a buscar el celular que se me había caído, no se si me dormí … .”  Lo cual constituye una confesión.

                                  La materialidad del suceso que conforma la acusación y la autoría de Sandoval no han sido objeto de controversia y se encuentran acreditadas -además de su confesión- por la prueba colectada durante la instrucción del sumario, que las partes acordaron su incorporación por su lectura. A saber: informe de novedad de servicio (fs.39), acta de inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho y sus respectivas secuencias fotográficas realizada por personal policial (fs.58/62), informe técnico accidentológico elaborado por el Crio. Aurelio Alejandro Valle (fs. 174/191), pericia accidentológica elaborada por la Lic. Celeste Cortes (fs. 495/499), informe de autopsia (fs. 13/15vta), Certificado de defunción (fs. 10/11), pericia médica forense (fs. 574/575), Verificación Técnica Vehicular (fs. 45/46 y 134/136) y declaraciones testimoniales, de las cuales considero que las más relevantes son las de Barriga y Santivañéz.

                                  Gumercindo BARRIGA (fs. 49/vta.), chofer del minibús que integraba la delegación de la Escuela de Básquet Municipal de Puerto Deseado, circulaba detrás del otro minibús, conducido por Santivañez, dijo que habiendo circulado unos dos km pasando la localidad de Jaramillo, observó a una camioneta que venía en sentido contrario y cuando se les acercaba en forma repentina se cruzó de carril e impactó de frente con el minibús y que él pudo cruzarse hacia la banquina ubicada a su izquierda, evitando de tal manera impactar con el minibús.

                                  En tanto José Manuel SANTIVAÑEZ, resulta ser el chofer del Minibús Iveco Daily, y se expresó en forma similar a Barriga, pero dio mayores detalles dijo que cuando iban llegando a Jaramillo, aminoró la marcha, preguntó a sus pasajeros si alguno quería ir al baño, le respondieron que no, dijo que en ese momento iba despacio, cuando vio que de frente venía una camioneta que iba invadiendo su carril, que le hizo varias señas de luces como para advertir al otro conductor, que es una costumbre que él tiene cuando maneja en ruta y si le contestan le da la pauta de que el otro conductor viene atento al manejo y al tránsito. El otro conductor no le contestó las señas de luces, le tocó bocina y como se le venía encima aplicó los frenos, pero no pudo evitar que la camioneta lo chocara.

                                  El imputado violó el deber objetivo de cuidado, ello surge del informe pericial accidentológico elaborado por la Lic. Celeste Cortes (fs. 495/499) que: considera que la causa basal del accidente es la invasión del carril contrario por parte de la camioneta Ford Ranger, la cual fue producida por factores como somnolencia por parte del conductor, ya que no se constató ningún rastro de maniobra evasiva al cruzarse de carril y embestir al minibús, marca IVECO. Descartando la concurrencia o existencia de los otros dos factores que se analizan en todo siniestro vial: el vehicular y el camino, al que debemos agregar el climático.

                                      Factor vehicular: la Licenciada refiere que los daños que poseen ambos rodados son consecuencia del accidente y no se consideran causa del mismo. A lo cual deben adunarse la documentación de fs. 45/46 y de fs. 134/136, que corresponden a las verificaciones técnicas obligatorias de ambos vehículos -Ford Ranger e Iveco Daily-, ambas se encontraban en vigencia y acreditan que los vehículos se encontraban aptos para circular.

                                  Factor camino: El sector de la Ruta Nacional N° 281, tramo comprendido entre el empalme de la R.N. N°3 y 281, sector ubicado a seis km de dicho empalme, lugar donde se originó el siniestro vial, presenta un tramo recto, la calzada posee un ancho de 6,70 mts, construida en asfalto, encontrándose en buenas condiciones para el tránsito vehicular, con las demarcaciones  horizontales en buen estado, hallándose debidamente delimitados los bordes de la calzada y la línea de trazos blancos en el centro que separa los carriles, en tanto que la superficie de la calzada se encontraba limpia y seca.

                                  Factor climático: varios testigos (Santibáñez, Gómez, Barriga, Cis y Pereyra) y el propio imputado coinciden en que se trataba de una hermosa mañana soleada, sin viento y con buena visibilidad.

                                  En similar sentido se expidió el Lic. Valle, (fs. 170), haciendo referencia al conductor del rodado Ford Ranger “… perdió el control por inconvenientes psicofísicos, (fatiga y/o cansancio, etc) o por una eventual maniobra inapropiado una combinación de estos factores, lo cual provocó la invasión del carril contrario de forma imprevista, sumado ello a la espontaneidad de la acción…”

                                   La mecánica descripta por los expertos concuerda con los testimonios de Barriga y Santiváñez, quienes relataron lo ocurrido en similares términos.

                                  La defensa técnica del imputado, cuestionó la validez del informe técnico de alcoholemia, realizado sobre la muestra de sangre obtenida de su defendido, que arroja un resultado levemente superior al permitido por la Ley Nacional de Tránsito-, alegó que del informe médico no surge que presentara aliento etílico, en tanto que Santibáñez si presentaba aliento etílico, que los testigos presenciales refirieron que Sandoval dijo haberse quedado dormido, ninguno dijo que estuviera en estado de ebriedad. Agregó que Sandoval no consume alcohol y que las bebidas alcohólicas que había en el lugar eran para sus acompañantes.

                                  Teniendo a la vista el informe de alcoholemia realizado sobre la muestra del imputado Sandoval, es evidente que las partes: Querellante, Fiscalía y Defensa han incurrido en un error de interpretación sobre sus resultados, pues del mismo surge claramente que Sandoval presentaba “0,08 g/l” (gramos por cada litro de sangre) “= 80 mg/l” (miligramos por cada litro de sangre). Por lo que se deduce que las partes confundieron las unidades de medida utilizadas para cuantificar la presencia de alcohol en sangre.

                                  Por lo tanto, se trata de una cantidad muy por debajo del límite legal permitido de 0,50 g/l = 500 mg/l, por lo cual en este aspecto Sandoval no es penalmente reprochable.

                                  Debiendo agregar, que no consta en el relato del hecho imputado tanto por la querella, como por el fiscal de grado en sus respectivos requerimientos de elevación a juicio, que Sandoval conducía alcoholizado por encima del límite permitido, implicando ello una violación al principio de congruencia.

                                  Sandoval al declarar frente al Juez de Instrucción (fs.592), detalló su actividad laboral realizada el día anterior al hecho, dijo que fue una jornada laboral completa, incluso se había extendido a raíz de un trabajo en “Lomas del Cuy”, regresó a su domicilio en Pico Truncado a las 22:00hs.  Contó que se levanta todos los días a las 06:10 hs. y recorre unos 80 km a Las Heras, donde se encuentra su lugar de trabajo. Cristian Muñoz, uno de sus compañeros de viaje, dijo que lo pasaron a buscar por su casa “a la una y pico de la madrugada, ya venía con Manuel [Álvarez] y de ahí salimos para Caleta”. Luego pararon en Cañadón Seco a cargar combustible y llegaron a Caleta donde Muñoz y Álvarez fueron al Casino, y Sandoval se quedó durmiendo en la camioneta, luego como a las 04:00 hs. emprendieron el viaje hacia la zona de Bahía Mazaredo.  Es evidente que el agotamiento psicofísico, es el producto de la falta de un descanso adecuado. En tal sentido, el Sr. Barriga, conductor del segundo minibús que integraba la delegación de la Escuela de Básquet, dijo: “luego de que nosotros paramos la camioneta al rato observo a una persona que estaba sentada, medio tirado al costado del volante, el cual decía me quedé dormido, me quedé dormido…”. Cintia Yanet Contreras dice: “… hice unos cinco pasos hacia donde estaba “nene” y en ese momento siento que me dicen gorda y miro hacia el costado y era la persona que estaba tirada al lado de la camioneta del lado del conductor, la que dije antes, me arrimé y ahí me di cuenta que era Carlos Sandoval…yo no lo había conocido, estaba más gordo, ahí le dije qué hiciste boludo y me dijo me quedé dormido…”.

                                      Tal circunstancia fue la causa que determinó la invasión del carril contrario, por parte de la Ford Ranger que conducía Carlos Sandoval, provocando la colisión con el minibús marca Iveco, conducido por Santivañez, con los resultados ya conocidos. Ello constituye la violación al deber de cuidado, que se derivan de la Ley Nacional de Tránsito, así su art. 39, bajo el título “CONDICIONES PARA CONDUCIR” dice: “Los conductores deben: a) Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. … b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito. Utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos.”

                                  También alegó la defensa que Ricardo Silvi no tenía colocado el cinturón de seguridad de uso obligatorio, que de llevarlo colocado estaría con vida. Y que esta misma omisión ocurrió con Pérez que se había levantado de su asiento. Pero debe descartarse esta postura, pues es pacífica la Doctrina y Jurisprudencia al decir que, en materia de responsabilidad penal, no existe compensación de culpas, debiendo responder quien por su acción u omisión ocasionó el hecho. La compensación de culpas es propia del derecho civil.

                   Las pruebas reseñadas y valoradas en conjunto, son suficientes a mi juicio para tener por acreditado el hecho y su autoría por parte de Carlos Alberto Sandoval.

                             La respuesta a la primera cuestión es positiva.

                             Es mi voto.

                            A la cuestión primera el Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Pablo OLIVERA, dijo:

                               Adhiero al análisis que formula el magistrado que lidera la votación en lo que hace a la claridad con que valora las pruebas de cargo que determinan la autoría del hecho por parte de Carlos Alberto Sandoval, por una infracción al deber de cuidado por invasión del carril de circulación que en relación de causalidad produjo el resultado muerte y lesiones conocido.-

                             Quiero agregar, a la cuestión ampliamente debatida y remarcada por las partes acusadoras (pública y privada) relativa a la alcoholización como causa de la somnolencia del imputado, que la misma no fue regularmente introducida dentro del objeto del proceso en los actos centrales que lo componen [indagatoria-procesamiento-requerimiento de elevación a juicio].-

                              Tanto la querella como la fiscalía, en sendos escritos que obran a fs. 555 y 580 (respectivamente) requirieron, luego de producida la investigación penal preparatoria, la citación a indagatoria de quien definieron como imputado Carlos Alberto Sandoval. Al hacerlo, omitieron delinear el objeto del proceso, nada menos que su pretensión, haciendo mención a calificaciones legales y no a hechos concretos, de suerte que delegaron tal tarea en el Juez instructor, resignando la posibilidad de determinar concretamente los aspectos que consideraban relevantes en la investigación.-

                                 Esa tarea, la de delimitar correctamente el hecho que se va a imputar a determinada persona, constituye la piedra basal de cualquier acusación, pues demarca el campo del contradictorio [acusación y defensa] y la pertinencia de la prueba, y permite enmarcar la garantía de la defensa en juicio, pues el imputado solo va a defenderse de los hechos concretos que constituyan la acusación, que hayan sido debidamente intimados (art. 278 C.P.P.).-

                                 Delimitar la conducta atribuida en un delito culposo, adquiere singular relevancia puesto que, tratándose de tipos penales abiertos, el juez debe “cerrarlos” determinando de manera concreta en qué consistió la violación genérica al deber de cuidado que constituye la materia prohibida (impericia, negligencia, inobservancia de los reglamentos).-

                                  En ese andamiento ciertamente invadir el carril contrario de la circulación constituye una infracción al deber objetivo de cuidado establecido en el art. 39 de la ley nacional de tránsito que determina entre las condiciones para conducir que los respectivos conductores: “…Utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos…”. Obligación que reitera la norma al tratar las prohibiciones para la circular en el art. 48 inc. “c” estableciendo que: “…A los vehículos, circular a contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia…”.-

                                  Dicha ley es el reglamento genérico que todo conductor debe respetar, y conforme los términos en que fue intimado el hecho en la indagatoria la negligencia fue descripta exclusivamente como la invasión del carril contrario de circulación, de ningún modo se trajo a colación alguna otra infracción a los reglamentos de la circulación que haya sido expresamente atribuido al imputado como constitutivo de la materia infraccionaría de la que se tenía que defender.-

                                 Esta omisión en determinar como infracción al deber de cuidado a la establecida en el art. 48 inc. a) “…Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre…”, ya resultaría suficiente para eximir a los juzgadores de cualquier consideración sobre el punto, pues de hacerlo, conoceríamos una materia no traída por las partes en los escritos donde se consolida formalmente la acusación del debate –requerimientos de elevación a juicio-. Importaría resolver extra petita en violación al principio de congruencia procesal, con grave afectación a la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.), dictando una sentencia cuyo valor sería absolutamente cuestionable. La doctrina de la C.I.D.H., descripta en el fallo “Fermín Ramírez vs. Guatemala”, resultan plenamente aplicables (véase Bovino, Alberto, Principio de congruencia, derecho de defensa y calificación jurídica, Doctrina de la Corte Interamericana, en Revista de Derecho Procesal Penal, Nº 2006-1, Rubinzal Culzoni, Santa Fe).-

                                  Debo decir que se ha producido un gaffe generalizado, porque las partes alegaron sobra una materia que no ha sido regularmente ingresada al proceso, resultando por ende abstracto valorarla como prueba.

                                 No obstante ello, y aún si se superaría esa valla procesal, tampoco hubiera sido determinante para atribuir un grado de alcoholización relevante en los términos de la ley nacional de tránsito (art. 48 inc. “a”), pues como correctamente lo remarca el Dr. Alonso, la alcoholización a la hora de la extracción sanguínea apenas superaba la cantidad dosable (0,08 gr/l). Dicho valor hubiera sido importante para que las partes y el juez intentaran determinar con el auxilio de peritos, la alcoholemia (retrospectiva) que pudiera haber tenido al momento del accidente de tránsito, para así valorar la posibilidad de atribuir la inobservancia de conducir con una cifra superior a los 500 miligramos por litro de sangre, recordando que al momento de la extracción la cifra era de 80 miligramos.-

                                  La perita interviniente, María Celeste Cortés Abuin, en vez de analizar correctamente el resultado del informe de alcoholemia de fs. 38, se limitó a considerar como causa del accidente al factor de somnolencia asociado a la ingesta de alcohol, sin determinar si de acuerdo al informe técnico nos encontrábamos frente a un caso cuyo valor supere el permitido, de modo que importe una violación a la reglamentación de tránsito. Ese error se trasladó a la valoración judicial de las partes e inclusive del juez quien al resolver el procesamiento incorporó aquella originaria estimación no fundada de la perita interviniente, que como vimos tampoco la ingresó en el cuadro fáctico que demarca la acusación (doble error).-

                                 Es claro entonces, que hubo violación al deber de cuidado al invadir el carril contrario, sea producto de la fatiga o por una desatención (como lo reconoce el propio Sandoval en su declaración indagatoria), dicha violación ha producido en relación de causalidad los resultados típicos muerte y lesiones conforme se explicitara al definir el objeto del proceso.-

                                  A la primera cuestión el Dr. Humberto Eduardo MONELOS, dijeron (conforme al art. 43 de la Ley Nº 1, texto según ley Nº 2.046):

                            Adhiero a los votos que anteceden, por sus mismos fundamentos.

II) CALIFICACION LEGAL DEL HECHO PROBADO.

                            A la segunda cuestión el Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Omar Alonso dijo:

                              El acusador privado y el público coincidieron en pedir que el hecho se califique como Homicidio Culposo Agravado; Lesiones Gravísimas Culposas Agravadas; Lesiones Graves Culposas Agravadas y Lesiones Leves Culposas Agravadas, todo en concurso ideal, previstos en los arts. 54, 84, 94, 2° párrafo en función de los arts. 91, 90 y 89 del CP.  La defensa no cuestionó la calificación legal.

                              Los hechos investigados en el presente legajo, suficientemente probados – al igual que la autoría del acusado Sandoval – en el considerando primero, encuadran en el tipo penal propuesto por los acusadores, siendo la agravante la conducción negligente de un vehículo automotor, al haber emprendido un viaje sin haber descansado adecuadamente, lo que motivó un estado de somnolencia, que le provocó la pérdida de control sobre el vehículo invadiendo el carril contrario, impactando frontalmente con el vehículo que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia los ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones de diversa gravedad, y en el caso de Ricardo Daniel Silvi le ocasionaron el óbito.

                              Para ello tengo en cuenta, la pericia de autopsia (fs.13/16) practicada al cuerpo de quien en vida fuera Ricardo Daniel Silvi, que determina en sus conclusiones como causa del fallecimiento: “Shock hipovolémico por hemorragia interna, y fractura expuesta de pierna derecha…”  y el certificado de defunción de fs. 10/11 expedido por quien practicó la autopsia Dr. Luis Ángel Paz. Las lesiones que sufrieron las demás personas que se encuentran individualizadas en el objeto de imputación y su carácter se encuentran acreditadas a través de sus respectivos informes técnicos médicos, historias clínicas y del informe pericial del médico forense Dr. Luis Ángel Paz, que no fue objeto de cuestionamientos por la defensa.

                              También que se trató de un solo hecho, con pluralidad de resultados dañosos, lo que justifica su encuadramiento en concurso ideal (art. 54 del C.P.).

                              Por ello corresponde calificar legalmente el hecho como: Homicidio Culposo, Lesiones Gravísimas Culposas, Lesiones Graves Culposas y Lesiones Leves Culposas, todo en concurso ideal, agravado por la conducción negligente de un vehículo automotor (arts. 54, 84, 94 2° párrafo en función de los arts. 91, 90 y 89 del CP).

                             Es mi voto.-

                             A la cuestión segunda los Sres. Jueces Dr. Juan Pablo OLIVERA y Humberto Eduardo MONELOS, dijeron (conforme al art. 43 de la Ley Nº 1, texto según ley Nº 2.046):

                            Adherimos al voto del Dr. Alonso, por sus mismos fundamentos.

III) LA PENA:

                            A la cuestión tercera el señor Juez Dr. Jorge Omar ALONSO dijo:

Pidió la Querella que se condene al acusado Sandoval a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta para conducir vehículos automotores por el doble tiempo de la condena y costas del proceso.

                              Fundamentó en que la pena prevista por la ley es muy baja, entiende que este caso no es uno más y que no debe ser resuelto como uno más. Y en tal sentido dijo: “… debe marcarnos un punto de inflexión. Debe enseñarnos que cuando conducimos un vehículo estamos en poder de un arma. Que debemos extremar el cuidado para evitar dañar a otras personas. Este caso debe enseñarnos a ser celosa y extremadamente prudentes y que si no lo somos y con ello causamos daños, merecemos cumplir una pena privativa de libertad. Quizás el Sr. Sandoval, cumpliendo pena efectiva, pueda reinsertarse en la sociedad y cuando vuelva a manejar un vehículo comprenda que debe hacerlo con cuidado, responsabilidad y extrema precaución. Con una pena efectiva es seguro que la sociedad santacruceña comenzará a comprender que si hacemos lo contrario, podemos ir presos. Y así la lección será suficiente y la muerte de Ricky SILVI, las lesiones gravísimas al joven JOSÉ RAMON PEREZ y las lesiones graves y leves provocadas, no habrán sido en vano. … “, solicitó además que se tenga en cuenta la prueba pericial psicológica realizada al imputado y agregó que “… los fallos jurisprudenciales nos marcan que para aplicar una pena en casos de homicidios y Lesiones culposas agravadas, hay que tener en consideración y valorar la naturaleza de la acción y la extensión del daño ocasionado. En apoyo a su solicitud, citó a Patricia Ziffer, que en su obra  “Lineamientos  en  la  determinación de la pena”, pág. 36 y sgs., expresa: “… La función de los marcos penales no es, como podría pensarse, sólo la de poner límites a la discrecionalidad judicial. No se trata simplemente de ámbitos dentro de los cuales el juez se puede mover libremente y sin dar  cuenta  de  su  decisión,  sino  que  a  través  de  ellos  el legislador  refleja  el  valor  proporcional  de  la  norma  dentro  del  sistema.  De este modo, se señala la importancia y rango de la respectiva norma prohibitiva o imperativa dentro del ordenamiento social.  Para decidir cuál es la posición de un bien jurídico en relación a otro, la intensidad de las sanciones previstas resulta un criterio decisivo, sino el único jurídicamente admisible. Con relación a este tema, se ha sostenido que el marco penal configura una escala de gravedad continua en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se puede concebir y de crecimiento paulatino. La principal consecuencia de esta teoría, llamada de la “escala de gravedad continua”, es la de reservar el límite inferior para los casos más leves, el medio -determinado matemáticamente- para los intermedios y el máximo, para los más  graves. “

Pidió la Fiscalía que se condene al acusado a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y una inhabilitación especial de nueve años para conducir vehículos. Tuvo en cuenta, como atenuantes la falta de antecedentes del imputado y su situación familiar y como agravante la magnitud del daño ocasionado, comparte lo expresado por el letrado de la querella que referenció claramente el daño físico y psicológico de las víctimas sobrevivientes.

 La defensa manifestó que debe rechazarse el pedido de cumplimiento efectivo de la pena, dijo que el homicidio culposo derivado de un accidente, tiene una pena de entre dos y cinco años de prisión y están pidiendo casi el máximo y los antecedentes jurisprudenciales demuestran que se han aplicado penas en suspenso. Que su defendido carece de antecedentes penales, es un trabajador petrolero y futuro padre y una buena persona.

Las penas solicitadas por el Acusador Privado y el Público son a mi juicio elevadas, y tengo en cuenta en primer lugar que ambos al momento de solicitarla hicieron hincapié en un estado de alcoholización del imputado por encima de los límites permitidos por la Ley Nacional de Tránsito, que ha quedado probado que no era tal.

                             Por otro lado, debe rechazarse la postura del letrado de la querella, en cuanto a que debe imponerse una pena “Ejemplificadora” para enviar un mensaje a la sociedad, pues ese no es el fin de la ley. Por esa vía se estaría agravando el monto de la pena en forma ilegal, pues no estaría respondiendo a las pautas del los Arts. 40 y 41 del C.P., tampoco en la modalidad pretendida de cumplimiento efectivo, pues el art. 1° de la Ley 24.660 establece que: “… tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, como así también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. …”. La fundamentación que realiza la querella, se relaciona con la “Teoría de la Prevención General Positiva”, que responde a cuestiones de política criminal, que son diseñadas por el legislador al decidir que conductas de los ciudadanos van a estar reprimidas y con que tipo de pena, estableciendo un mínimo y un máximo y que esa conminación de pena desalentará a las personas a cometer delitos, como así también cuando comprobada un hecho previsto como delito por el legislador, luego del debido proceso se lo encuentra culpable y se aplica una pena, se reafirma la vigencia del estado de derecho y se “envía un mensaje” a toda la sociedad que en caso de violar las normas se aplicará una pena. Esos son los fines preventivos generales. En tanto que la aplicación de una pena a un sujeto determinado responde a los fines de la prevención especial, dirigida a ese sujeto en particular y como dije al principio se trata de una teoría, no de una ley.

  En este caso la graduación de la pena debe responder a las pautas que fijan los arts. 40 y 41 del C.P.

El art. 54 del CP, que define el concurso ideal establece que: “Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.” Por ende, al determinar el monto de la pena tendré en cuenta los parámetros que fija el art. 84 del CP texto según Ley 25.189 publicada en el Boletín Oficial el 28.10.99, que se encontraba vigente al momento del hecho (13.4.13) y resulta aplicable a este caso, por tratarse de ley más benigna (art. 2 del CP). Hecha la aclaración, el mínimo de pena allí establecido es de dos años de prisión y su máximo cinco años.

                            A los fines de aplicar la pena al caso concreto tengo en cuenta: que la figura seleccionada ya eleva el mínimo de la pena cuando resulte la muerte de una persona, por la conducción -en este caso- en forma negligente de un vehículo automotor, por lo tanto considero como agravante la extensión del daño causado a quienes resultaron víctimas, sus propios acompañantes y las demás personas que se trasladaban en el rodado marca Iveco, no solo las consecuencias físicas sino también las psicológicas y en especial las gravísimas sufridas por José Ramón Pérez y como atenuante su falta de antecedentes penales.

Con lo que la pena que se le impone es: Tres años de prisión, de cumplimiento en suspenso y seis años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

Al tratarse de primera condena a pena igual a los tres años de privación de libertad, corresponde que sea de ejecución condicional (art. 26 C.P.) en virtud del reconocido alto contenido criminógeno de éstas y en lo particular en la personalidad moral del imputado, que resulta ser una persona de trabajo, sin antecedentes penales, próximo a ser padre y que por tratarse de un delito culposo nunca tuvo voluntad directa, indirecta o eventual de matar o dañar a otras personas.

Por lo demás, surge de la doctrina sentada por la CSJN en “Squilario” (sentencia del 8/8/06, Fallos 329:3006) y los fallos que le sucedieron en igual sentido que “El instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26 del C.P. tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art. 18 de la C.N., / El fallo marca dos defectos en la condena que revoca. El primero se refiere a la arbitrariedad de no haberse fundado los motivos por los cuales se impuso ese monto de pena…. El segundo defecto, objeto del presente comentario, es de haber decidido que la pena era de efectivo cumplimiento sin expresar los motivos, cuando el acusado no se encontraba formalmente impedido de cumplir una condena condicional…” (cf. Leonardo Pitlevnik, “La doctrina sentada en el fallo ‘Squilario’ y algunas de sus derivaciones. Condena condicional y reincidencia”, en “Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Ed. Hammurabi, Tomo 8, Bs.As., mayo de 2010, pág. 76).

En virtud del modo de ejecución –condicional- de la pena de prisión, corresponde por imperativo legal la imposición de reglas de conducta (art. 28 CP), por el término de dos años, a saber: a) Fijar domicilio del que no podrá mudarse sin previo aviso fehaciente a este Tribunal; b) Abstenerse del consumo de estupefacientes y de la ingesta pública y abusiva de bebidas alcohólicas.

En su condición de vencido, le corresponde afrontar las costas del proceso (art. 29 inc. 3° CP).

Es mi voto.

                              A la cuestión tercera el Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Pablo OLIVERA y dijo:

                               A la hora de mensurar la pena, no puedo dejar de considerar que el máximo fundamento de los acusadores para sostener una pena de cumplimiento efectivo fue precisamente una circunstancia (alcoholemia positiva) que no formó parte de la acusación por deficiencias procesales atribuibles a la querella y al fiscal, y, en última instancia al director del proceso.-

                              Descartada la alcoholemia como factor agravante de la conducta endilgada, queda la extensión del daño causado, ciertamente grave, pues se ha producido la muerte de una persona y lesiones múltiples a otros menores transportados y como atenuantes las condiciones personales de Sandoval, representado como una persona con estabilidad laboral, con familia y sin antecedentes computables.-

                             En una persona joven con trabajo regular imponer una condena de ejecución efectiva, no tendría ningún fin resocializador, cuando la causa (violación al deber de cuidado) por el que se lo vinculó con el sistema penal solo puede ser remediada con una mayor educación vial. De modo que no se produzcan en el futuro situaciones de sobrevaloración de su capacidad para enfrentar la fatiga a la hora de conducir.-

                           La respuesta punitiva, ostenta el carácter de última ratio, la pena debe atender fundamentalmente al principio de necesariedad, y la posibilidad de imponer una condena de ejecución condicional, constituye una manifestación y reconocimiento de que el ius puniendi debe aplicarse de manera racional, con independencia de la notoriedad del caso o de que se pretenda que el mismo constituya una sanción ejemplificadora o leading case.-

                                  El propio ordenamiento jurídico (arts. 84 y 94 del C.P.) establece que, a la par de la pena de prisión la de inhabilitación, y en casos de conductas culposas, no debe desdeñarse la utilidad de la inhabilitación especial para conducir que se le aplicará al imputado, más la imposición de reglas de conducta para remediar su negligencia, resulta la solución que más se acerca a la protección del interés social de que esa persona en el futuro no produzca nuevos resultados lesivos por su negligencia.-

                                 Por otra parte, no puede dejar de considerarse que muchos de estos casos, han sido resueltos con la conformidad del Fiscal de Cámara que intervino en éste debate, Dr. Carlos Rubén Rearte, por la vía de la suspensión del juicio a prueba, y se ha esbozado como única fundamentación para la oposición a la concesión el interés de las víctimas, que puede resultar legítimo como modo de obtener un pronunciamiento de certeza, pero que no resulta definitivo cuando se define la necesariedad de la pena, pues la potestad punitiva es estatal, con independencia de la legitimación procesal que se les reconoce a los querellantes.-

                                  De esto se deriva que la pretensión fiscal debiera ser el límite máximo de examen para la determinación del quantum de la pena. En el caso, el Fiscal de Cámara Dr. Rearte pidió la pena de cuatro años cumplimiento efectivo.

                                  El pedido de pena efectiva, se encuentra desajustado a los parámetros que el propio fiscal ha establecido en otros supuestos similares, de muerte y lesiones en accidentes de tránsito. La motivación para solicitar semejante pena, que podría buscarse en la pretendida alcoholización del imputado, hemos visto, no se verifica respecto de Sandoval.

                                  Tampoco realizó una fundamentación del cambio del temperamento para no caer en un trato violatorio del principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), frente a otros ciudadanos que han obtenido o les ha solicitado en circunstancias similares, condenas de ejecución condicional (vgr. causas: “Painemil” Nº 2693/09, dos años de prisión de ejecución condicional y siete de inhabilitación especial; “Vas Viegas” 3503/13, dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial; “Perea” Nº 3221/11 dos años de prisión de ejecución condicional; “Alonso” Nº 3341/12 tres años de prisión de ejecución condicional y ocho de inhabilitación especial; “Serantes” Nº 3584/13, dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial; “Flores” Nº 3553/13, dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial; entre muchos otros precedentes).-

                                     Excepcionalmente, entre los antecedentes de solicitud de pena efectiva para un homicidio culposo, encuentro un caso de reciente tratamiento, cuya sentencia se encuentra recurrida, donde el Dr. Carlos Rubén Rearte entendió que procedía la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, a un oficial de policía por un delito de omisión impropia (causa conocida como “Gerez”).-

                                      Debería buscarse un punto de contacto entre ambas causas, para determinar las condiciones personales de ambos imputados para entender el razonamiento del fiscal para sustentar en las dos causas el pedido de pena efectiva. Y ciertamente me cuesta, encontrar una razón valedera, pues ambos (Méndez y Sandoval) son personas con una ocupación estable, relativamente jóvenes, con vida familiar y sin antecedentes penales.-

                                      Por el contrario, en algún otro caso reciente, aunque de un delito doloso producido con armas de fuego (Causa “Hernandez”) donde se investigó la muerte de un obrero de la construcción y lesiones a otro (Reynaldo Vargas y Bonifacio Barrera), el Dr. Carlos Rubén Rearte les solicitó a los imputados la pena de tres años de ejecución condicional. Qué circunstancias personales favorables tenían esos imputados que fueron detenidos huyendo con diez armas de fuego, causando temor social y con el arma homicida, que los colocara en mejor posición que un obrero del petróleo [Sandoval] que por fatiga produce un accidente de tránsito. Francamente no la encuentro.-

                                    Es por ello que entiendo que la pena de ejecución condicional que propone quien vota en primer término resulta ajustada al principio de culpabilidad del imputado Sandoval, al principio de mínima intervención, al de necesariedad de la pena, igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.) y a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia in re “Squilario”. Agrego que ninguna circunstancia extraprocesal, como la repercusión social de un caso, puede ser considerada para imponer o dejar de imponer una pena, lo contrario sería colocar a la sociedad en un marco de inseguridad jurídica, inaceptable.-

                              A la cuestión tercer el Sr. Juez de Cámara Dra. Humberto Eduardo Monelos dijo:

                            Adhiero a los votos que antecedes, por sus mismos fundamentos.

                                    En atención a lo expuesto, y al mérito que ofrece el Acuerdo que antecede, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, por unanimidad;

RESUELVE:

                              1°) CONDENAR a Carlos Alberto SANDOVAL, de apellido materno RUIZ, hijo de Carlos e Isabel, sin apodos, de nacionalidad argentina, soltero, instruido, Técnico en Seguridad e Higiene, empleado, nacido el 20 de julio de 1982 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, con último domicilio en calle Lago Buenos Aires N° 758 de la ciudad de Pico Truncado, D.N.I. 29.848.090, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento en suspenso y SEIS (6) AÑOS DE INHABILITACION para conducir vehículos automotores y las costas del proceso (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40 y 41 del C.P.), como autor penalmente responsable del delito Homicidio Culposo; Lesiones Gravísimas Culposas; Lesiones Graves Culposas y Lesiones Leves Culposas, todo en concurso ideal y agravado por la conducción negligente de un vehículo automotor, previstos en los arts. 54, 84, 94, 2° párrafo en función de los arts. 91, 90 y 89 del CP, hecho cometido en cercanías de la localidad de Jaramillo, jurisdicción de Puerto Deseado el 13 de abril de 2.013, en perjuicio de Ricardo Daniel SILVI, José Ramón PEREZ, Manuel Oscar ÁLVAREZ, Damián QUINTANA, Rodrigo Alejandro CÓRDOBA, José Manuel SANTIVAÑEZ, Cristian Ariel MUÑOZ, Renzo SILVI, Enzo TIRACHINI, Nicolás Gustavo TAVERNA, Braian Leonel ALEGRE, Juan Ignacio SERRANO, José Manuel CASELLA, Enzo Marcos BARRA y Fernando Ariel APESTEGUIA.

                            2°) Imponer a Carlos Alberto Sandoval, filiado precedentemente, la obligación de cumplir las siguientes reglas de conducta por el término de TRES (3) AÑOS: A) Fijar domicilio del que no podrá mudarse sin aviso fehaciente a este Tribunal. B) Abstenerse de la ingesta abusiva de alcohol y estupefacientes en lugares públicos. (Art. 27 bis y 28 del C.P.).

3°) Tener presente la reserva del caso federal, planteada por la defensa, ante la decisión de no otorgar la Suspensión del Juicio a Prueba.

4°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. Heraldo Juan Nanni y Carlos Toledo Vargas, hasta tanto denuncien su situación tributaria.

5°) Oportunamente practíquese cómputo de pena y reglas de conducta por Secretaría de Ejecución (art. 476 del C.P.P.), y procédase al decomiso, devolución o destrucción de los elementos según corresponda (arts. 503 y 504 C.P.P.). El condenado deberá hacer entrega de su licencia de conducir.

         6º) Regístrese; notifíquese a las partes, y firme o ejecutoriada, cúmplase y líbrense las comunicaciones de rigor respecto de la Ley Nro. 22.117 (Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria).

               Dr. Humberto Eduardo Monelos                                  Dr. Juan Pablo Olivera

                               Juez de Cámara                                                  Juez de Cámara

                                                      Dr. Jorge Omar Alonso

                                                             Juez de Cámara

ANTE MÍ:

                            Dra. Laura Inés Vallebella

                                        Secretaria

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