Coparticipación: Santa Cruz decidió ir a la Corte por el 15%

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Con el consenso fiscal que puso de rodillas a las provincias, Santa Cruz fue una de las que desistió del reclamo. Sin embargo, ahora el Gobierno de Alicia Kirchner irá a la Corte para perseguir la totalidad de la deuda gracias a un planteo del constitucionalista Eduardo Barcesat, que dio una entrevista exclusiva a La Opinión Austral, en la que además se refirió a sus defendidos Angelina Abbona y Gerardo Ferreyra, asegurando que hay un plan para sacar a Electroingeniería de las represas.

Eduardo Barcesat visitó Santa Cruz la semana pasada para hacer la presentación del amparo que impulsa la Intersindical en YCRT, para que el Gobierno de Mauricio Macri garantice la sustentabilidad de la empresa y finalice la megausina de Río Turbio. El abogado constitucionalista y defensor de los DDHH mantuvo una charla con este diario, donde se refirió a las causas que lleva adelante como apoderado de Santa Cruz ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también sobre la crisis de legitimidad que afronta el Poder Judicial y el Ejecutivo, con un presidente que gobierna con DNU.

“No solamente con DNU, a veces es algo peor, gobierna con decreto simple, cuando se trata de las cuatro materias que están taxativamente vedadas por el plexo normativo constitucional, como son la procesal penal, la impositiva, la de régimen de los partidos políticos y el régimen electoral”, aclaró Barcesat, que consideró que Mauricio Macri “tuvo, desde el inicio de su gestión, el sucio subterfugio de ir sobre estas materias, por ejemplo con el Pacto Fiscal con las provincias” que, como decreto simple, nunca pasó por el Congreso.

Antes de la entrevista con La Opinión Austral, Barcesat y su socio Daniel Galvagno, venían de reunirse con Alicia Kirchner en Casa de Gobierno, ocasión en la que avanzaron sobre la definición de ir a la Corte para reclamar al Estado Nacional que pague por una década de descuentos del 15% de la coparticipación que iban a la ANSES.

Se suponía que Santa Cruz no podía tomar ese camino, porque fue una de las que adhirió al consenso fiscal de Cambiemos, que estableció la renuncia de cualquier tipo de reclamo sobre el cumplimiento de un fallo con el que la Corte recibió a Macri en 2015.

“Poco antes de finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte dijo que era inconstitucional la retención del 15% que hacía de la coparticipación, en beneficio del asistencialismo social, y ordenó pagarles a las provincias la parte no prescrita, que son 10 años hacia añas”, recordó.

Así, “cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ve esta resolución, saca una norma estableciendo que se deberá pagar en iguales condiciones a todas las provincias, para que además no hagan demandas y se pierdan sumas en honorarios”.

Sin embargo, con la asunción del nuevo gobierno, “Macri anula ese decreto y saca un decreto simple bautizado generosamente como ‘Bases para el nuevo Pacto Fiscal’, donde les dice a las provincias: ‘del 15% ya acumulado olvidate y el 15% venidero te lo voy a dar en cinco cuotas anuales del 3% cada una, sin actualización y sin intereses’. Con eso puso de rodillas a las provincias porque, lógicamente, las somete a su voluntad diciendo que ‘hay anticipo del Tesoro si me votan estas leyes’ y lo que es más grave, en muchos casos les consiguió créditos del Tesoro Nacional, haciéndoles pagar intereses”. Es decir que “no les dio su dinero y además lo que les dio, se los dio bajo la forma de mutuo, con intereses”, apuntó Barcesat.

Ese escenario de desigualdad en los planteos se fue revirtiendo a medida que la Corte les dio la razón a las provincias que se negaron a firmar el consenso fiscal, como en los casos de San Luis y Santa Fe, que reclamaron la ejecutoria de la sentencia que habían obtenido. Pero, entonces, ¿cómo Santa Cruz, que sí firmó el consenso y aceptó no reclamar el 15%, ahora lo hace?

Barcesat explicó que como la Constitución Nacional establece que tiene que haber acuerdo unánime para toda modificación en materia de coparticipación federal, esto es, que tiene que haber una ley nacional y 24 normas de los distritos locales, el acuerdo que firmó Santa Cruz y que ratificó la Legislatura no vale nada si no están las restantes 23 firmas.

“Se me ocurrió plantear, cuando el Gobierno Nacional apremiaba a que se presentara la ratificación local de ese acuerdo, decir que la ratificación no sirve hasta que no se colecten las 24 voluntades, porque la Constitución habla de que tiene que ser aprobada así y, por lo tanto, la ratificación de los diputados de la provincia no está operativa”, sostuvo, asegurando que fue ese planteo lo que permitió que perviva el multimillonario crédito que la provincia de Santa Cruz debía tener a su favor, según el fallo de la Corte de 2015.

Por eso ahora “la provincia va a ejecutar su crédito para poder contar con los recursos necesarios. A esta altura ya no hay acuerdo viable por la coparticipación porque hay provincias que están en ejecución y, por lo tanto, yo voy a perseguir el cobro para Santa Cruz”, anunció.

Abbona, fotocopias y ficción

Barcesat es apoderado de Santa Cruz desde 2016, con la asunción de Alicia Kirchner, para los litigios ante la Corte Suprema, por donde pasaron la constitucionalidad de la Ley de Lemas, el Fondo Federal Solidario -aunque ahí interviene Graciana Peñafort- y la coparticipación. Pero también es el abogado de Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro Nacional que en 2016 renunció como fiscal de Estado de Santa Cruz.

Sobre esto, el abogado no despega la causa contra ella, de lo que los sectores no alineados al poder central identifican como post verdad, una suerte de relato versión “M”, pero que para Barcesat es puro “enunciado ficto”.

“Hemos asistido a una catarata de procesos ficcionales y en algunos casos son ficciones fuertes. Pongo en esa lista el tema del presunto homicidio de (Alberto) Nisman, una ficción que se generó a través de los medios y de los intereses políticos, y que hasta la familia se ha retirado, el Memorándum de Entendimiento con Irán, donde el juez, no sé si usar esa palabra tan digna para un personaje tan poco digno como Bonadío, creó la teoría del acto de agresión y que nos pone al borde de una guerra por su impericia jurídica, y la Cámara anuló eso pero dejó subsistente la acusación de encubrimiento agravado, obstaculización de la justicia y violación de los deberes de funcionario público”, contó.

Es sobre este último punto en el que él interviene en la defensa de Abbona. “Desde que asumí la función les digo a los jueces, ‘tomen el Código Civil y Comercial y lean a ver qué puede hacerse con un acto jurídico nulo, de nulidad absoluta e insanable’. Primero porque el memorándum no fue ratificado por el parlamento iraní, eso está establecido como condición de entrada en vigencia, y la aprobación que le dio el Congreso argentino fue anulada. A eso en el derecho lo llamamos el acto jurídico inexistente ¿Cómo se va a encubrir, obstaculizar y violar los deberes si el acto jurídico no existe?”, aseguró.

Sin embargo, para él, “el paradigma de la ficción” es la causa de las fotocopias de los cuadernos. “Cuadernos que no existen y si existieron fueron eliminados, lo cual impide las pericias scopométricas por la antigüedad del papel, la antigüedad de la tinta, no se puede hacer prueba grafológica para ver si fue escrito de corrido, si es como dice el señor Centeno, que lo escribía sobre el borde del volante del auto entre viaje y viaje, todo esto podría haberse develado”, aseguró.

Esa causa, que ahora tiene casi por colector el destape de una organización de espionaje y extorción, puesta a la luz por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, “se inició cuatro meses después de que Stornelli tuvo en sus manos esas fotocopias, pero lo que indica el procedimiento y hay una acordada de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, es que cuando un fiscal toma noticia de la existencia de un delito de acción pública, hace una minuta, presenta la prueba o el relato que tenga, para que se sortee y no se contamine con su intervención previa. Es más, la acordada dice que es para preservar la garantía del juez natural de la constitución, es decir, el juez imparcial, independiente, idóneo”, advirtió.

“También -agregó Barcesat- la Ley del Arrepentido dice que cuando un testigo de esta naturaleza quiere mejorar su situación y salir de cono de riesgo más fuerte, tiene que ponerse su declaración en su soporte técnico. Por supuesto, todos entendemos por eso un medio audiovisual o de audio, para que se sepa qué fue lo que dijo y si no hubo presiones sobre él, pero el juez Bonadío contesta diciendo que el soporte es el acta. Cuando la ley dice soporte técnico, está queriendo decir algo distinto diferenciado del papel”.

Las represas, en el blanco

Para Barcesat, hay sobre esta causa “miles de causales de nulidad” y esto motivó que muchos defensores, incluido él, en la defensa de Gerardo Ferreyra, responsable de Electroingeniería, pidieran la nulidad de todo.

-¿Cree que la acusación contra Ferreyra está vinculada en realidad a la obra de las represas sobre el río santa Cruz?

“Yo creo que es más que evidente que el encarcelamiento de Gerardo Ferreyra obedece, no tanto a lo que dijo que hizo, que fue hacer aportes personales en pesos y de su bolsillo para el frente político de su simpatía, el FPV, y que nunca conoció a ninguno de los personajes siniestros que rodean a la obra pública. A él lo están estigmatizando fundamentalmente para que las empresa extranjeras aliadas con las argentinas, que perdieron la licitación para la construcción de las represas hidroeléctricas, la puedan tomar ellos para inmediatamente elevar los precios y los costos, y desplazar la alianza entre Electroingeniería y las empresas chinas, que proveen la tecnología para la construcción de la obra”, respondió.

En definitiva, para el abogado, el Estado Nacional tiene mucho para perseguir, “por ejemplo la fuga de capitales que es mayor a la deuda externa, estamos arriba de los US$ 430 mil millones, en el podio de los países emergentes”, concluyó.

Fuente: La Opinion Austral

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