Guiño al FMI: el Gobierno modificó régimen de jubilación anticipada y puso en alerta a los sindicatos

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l Gobierno dio un nuevo paso en el reordenamiento del sistema previsional con la primera revisión del esquema de jubilación anticipada, vigente en más de 50 actividades con tareas insalubres.

A través de la resolución 164 publicada el martes pasado, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dispuso un control más estricto para acceder al retiro con 50 años de edad y 25 de aportes en el caso del personal auxiliar y complementario de la indutria petrolera, que representa hasta un 80% de las plantillas.

Los cambios desataron de inmediato una catarata de pedidos de audiencia por parte de los gremios y hasta la amenaza de un paro en la Patagonia por el temor a la eventual exclusión del regimen de más de 40.000 petroleros, que en el futuro podrían ver elevada su edad jubilatoria a los 65 años.

“No es ni más ni menos que el pedido del FMI de limitar las jubilaciones para no aumentar el gasto”, advirtió a iProfesional Héctor Millar, un directivo del sindicato del petróleo y gas privado de Chubut, encabezado por Jorge Ávila, quien en las últimas salió a enfrentar en forma abierta la medida impulsada desde ANSES en medio de las gestiones oficiales para atraer más inversiones petroleras al sur del país.

Las autoridades, en cambio, minimizaron su impacto y aseguraron que lo que se busca es eliminar la “discrecionalidad” en la aplicación del régimen, junto con una mayor agilidad en el otorgamiento de las jubilaciones. “Vamos a analizar caso por caso y va a haber otra instancia de apelación”, explicó una fuente oficial a este medio.

La controversia surge a partir de que la normativa redefine el alcance del régimen jubilatorio diferencial de los petroleros creado por un decreto de 1974. En septiembre del 2015, el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, avanzó con la resolución 897 en la delimitación de las tareas consideradas insalubres en la fase de explotación y exploración, siempre que fueran desarrolladas “en forma principal, habitual y permanente”, pero sin hacer lo propio con las del personal de apoyo de los equipos en los yacimientos.

Ahora, la nueva normativa modifica dos artículos de la precedente en los que establece que el último grupo de trabajadores gozará del retiro temprano cuando “esté expuesto a los mismos riesgos, penosidad o agotamiento prematuro” que los de perforación, mantenimiento y reparación.

La medida pone la lupa sobre la actividad de los choferes de personal y de máquinas, soldadores, mecánicos, electricistas, guincheros y los técnicos de laboratorio, junto con los recorredores de pozo, personal de maestranza y vigilancia bajo el convenio petrolero.

La presunción de los funcionarios es que la resolución de Tomada, al no definir sus tareas con precisión, dejó una puerta abierta para que hubiese supuestos casos de abuso por personas externas a los yacimientos.

“Que vos seas chofer no implica que estés dentro del régimen, tenés que realizar tareas riesgosas”, explicó una fuente del Gobierno. Así, a partir de ahora, los trabajadores deberán cumplir mayores requisitos para tramitar la jubilación temprana a la hora de acreditar las tareas realizadas y ser evaluados por el comité de técnicos.

Sorprendido por la resolución que afectaría en principio a 1.500 trabajadores pronto a jubilarse, Ávila suspendió de inmediato las negociaciones paritarias con las operadoras en Chubut y amenazó con lanzar un conflicto a gran escala para evitar un “atropello” del convenio petrolero. Así, la relación con el Gobierno dio un giro de 180 grados respecto de enero, cuando el dirigente se reunió con Macri en Puerto Madryn.

Allí, el Presidente le anticipó la conformación de una mesa petrolera en la cuenca del Golfo de San Jorge, un espacio solicitado por Avila y las petroleras para reducir los costos de operación mediante un esquema de retenciones móviles que permita su disminución cuando cae el precio del barril de crudo, junto con una mayor inversión estatal en infraestructura para desarrollar el corredor de gas cordillerano.

“Nos juntamos con Macri para impulsar las inversiones y, como respuesta, nos corren el arco 15 años para jubilarnos”, dijeron cerca de Ávila.

Potencial conflictivo
Todas esas gestiones quedaron en suspenso con los últimos cambios que, según los gremios, hacen peligrar las jubilaciones anticipadas de una porción significativa del total de los 60.500 petroleros empleados hoy en la industria, según los últimos datos disponibles de la secretaría de Trabajo.

Se trata de personal que realiza jornadas de 12 horas en tareas en las que se exponen a hernias de disco, amputaciones, explosiones letales y un desgaste mayor al de otras actividades, incluidos enfermedades psiquicas.

Por ello, los petroleros chubutenses tampoco descartan la no renovación de la adenda a su convenio, un acuerdo de productividad similar al de Vaca Muerta pero que en los hechos no llegó a aplicarse por la derivación de maquinaria de última tecnología al yacimiento neuquino, mucho más rentable para las operadoras.

Antes de pasar a la acción, los sindicalistas se reunirán en las próximas horas con funcionarios de ANSES, la secretaría de Seguridad Social y la de Trabajo. Con ellos trabajaron el año pasado en destrabar un stock de 3.200 expedientes de jubilaciones tempranas, paralizados desde 2015 por falta de documentación sobre los beneficiarios debido en varios casos a la quiebra de empresas. De este total, ahora quedan 300 pendientes por resolver, según cifras oficiales.

Las negociaciones continuarán el próximo 27 de marzo en una audiencia junto a las cámaras empresarias de la actividad, en la que esperan la presencia de Stanley y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien por otra parte gestionó en los últimos días un encuentro similar a concretarse en estos días con los gremios del transporte, también en alerta por una eventual modificación de sus regímenes previsionales.

Por el sindicalismo, asistirá el petrolero de base Ávila junto con el titular de jerárquicos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, José Lludgar; y el titular del Sindicato del petróleo y gas privado de Santa Cruz, Claudio Vidal. Todos ellos secundan la postura del chubutense de rechazar cualquier modificación del sistema de retiro temprano, en momentos que esas provincias atraviesan mayores problemas para garantizar los niveles de actividad y surgen conflictos por potenciales despidos.

De la reunión también participará el titular de los jerárquicos de Neuquén, Manuel Arévalo, y el de los petroleros privados de La Pampa, Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra. El también senador nacional por el Movimiento Popular Nequino se vio sorprendió por la resolución oficial pocos días después de la reelección del gobernador Omar Gutierrez, del mismo partido que Pereyra, tras la derrota del kirchnerismo y Cambiemos.

“No se por qué hacen esto, habíamos logrado arreglar 2.000 de más de 3.000 jubilaciones caídas en la ANSES porque hubo problemas con Tomada. Lo importante es que haya diálogo”, dijo a iProfesional Pereyra, el sindicalista más valorado por Macri desde que en 2017 firmó el acuerdo de productividad por el que su gremio cedió beneficios laborales a cambio de inversiones.

De esa manera, el petrolero se mostró abierto a negociar cambios en la norma de forma que rija solo para aquellos trabajadores que se incorporen a la actividad a partir de la vigencia de la resolución, una opción que tampoco descartan dentro del Gobierno con tal de evitar la caída de su mini reforma, empujados por el malestar sindical.

Insalubridad, recursos y FMI
La iniciativa firmada por Stanley surge de una propuesta de la comisión técnica sobre regímenes diferenciales creada el año pasado y que desde diciembre avanzó -tal como reveló este medio- en la recolección de información sobre las condiciones de trabajo e insalubridad de los trabajadores de más de 20 actividades.

La hipotesis del organismo en el que talla fuerte un equipo de especialistas de la ANSES es que los avances de la ciencia y tecnología junto con las inversiones en infraestructura eliminaron en muchos casos las condiciones de insalubridad, que son las que justifican la existencia de las jubilaciones diferenciales.

Ese es uno de los argumentos centrales de la resolución por la que el personal de apoyo en el sector petrolero no enfrentaría los mismos riesgos que aquellos en boca de pozo.

La disposición se enmarca además en los esfuerzos oficiales por hacer más “sustentable” el sistema previsional, que se alimenta en el caso de los petroleros del 11% de los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, que por el regimen diferencial deben aportar un 2% adicional. Con ese objetivo, el Gobierno se comprometió en octubre pasado ante el FMI a reducir en 2019 el gasto en pensiones del 4,5% al 4,2% del PBI.

El organismo volvió sobre ese punto en un documento públicado en enero sobre “el futuro del ahorro” a nivel global, en el que propuso “reducir la generosidad de las jubilaciones”, incluidos los retiros tempranos, y sugirió “reformas adicionales” a la gestión de Macri, que ahora aguarda un nuevo tramo de u$s10.700 millones para contener el dólar en los meses previos a las elecciones.

Sin margen para cambios más ambiciosos, en la CGT creen que la revisión de los regímenes diferenciales forma parte del plan de reforma previsional que el Presidente debió posponer tras la batalla campal desatada frente al Congreso en diciembre del 2017. En ese entonces, el oficialismo con el apoyo de parte del peronismo logró aprobar la Ley de Movilidad, que derivó el año pasado en un incremento de los haberes por debajo de la inflación.

Pero no todos piensan igual en la central obrera. Por caso, Pereyra se desmarcó en las últimas horas al despejar la posibilidad de que los últimos cambios jubilatorios gatillen una huelga en Vaca Muerta. Se trata de un sector clave de la economía en donde el Gobierno busca acelerar inversiones, una tarea que la semana pasada llevó al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, a viajar a Estados Unidos.

“No hay tensión en Vaca Muerta”, aseguró el sindicalista. El fin de semana cerró una paritaria del 30% desde abril, con revisión en octubre y febrero de 2020.

Fuente Iprofesional

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