La WWF busca un dictamen judicial sobre pesca ilegal en la Argentina

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El responsable de Vida Silvestre en Mar del Plata informó que esperan una definición de la justicia que considere el descarte como pesca ilegal. Dice que el ejercicio de esa práctica puede poner en riesgo el ingreso del langostino al mercado europeo y la certificación de la pesquería. Además de justificar la generación de Áreas Marinas Protegidas.

El sector pesquero subestimó el consenso que podían lograr ONGs como la WWF y la Secretaría de Ambiente a la hora de generar Áreas Marinas Protegidas, hasta que el año pasado la Cámara de Diputados y el Senado dieron su total apoyo para la creación de la AMP Namuncurá y Banco Burdwood II, al tiempo que anunciaban que se comprometían a aprobar cada una de las áreas que fueran propuestas en el futuro. Ahora desde Vida Silvestre anuncian que han solicitado un dictamen a la justicia sobre la consideración de Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada en la pesquería de langostino por los altos niveles de descarte dentro del área de veda de merluza denunciados en informes del INIDEP. De conseguirlo, aseguran que podría verse perjudicado el ingreso del langostino al mercado europeo y que podría ponerse en juego la certificación de la pesquería por MSC. Aseguran que no harán una presentación judicial pero que sí usarán ese dictamen para generar cambios en el manejo pesquero. A la vez avisan que seguirán insistiendo con la designación de AMP y que solo mediante acuerdos de pesca sustentable será posible llegar a no afectar áreas de máximo interés comercial.

“Me genera un fuerte respeto lo que han hecho las biólogas de merluza al dar la cara públicamente para que se conozca lo que está pasando con la merluza en el Mar Argentino, lástima que se dio un debate mal enfocado con alguien que se saca la responsabilidad y otro que dice no tener ninguna responsabilidad”, dice Guillermo Cañete en referencia al reportaje que realizamos a las responsables del Programa Merluza y a la reacción que tuvieron tanto el subsecretario de Pesca, Juan Bosch como el secretario del gremio de Capitanes, Jorge Frías (Ver “Se necesita un plan de manejo de merluza”).

“Obviamente la mayor responsabilidad la tiene la autoridad de aplicación, que según la ley tiene la obligación de realizar una administración racional de nuestro patrimonio. En Argentina no hay un plan de manejo como la gente que establezca reglas. Acá nadie está exento de responsabilidad, primero la autoridad; por otro lado los administrados y el capitán. Todos son parte del juego pero la principal responsabilidad es del Estado. En el país de los cuadernos hay muchos motivos para que las cosas no se hagan pero es necesario que se tomen medidas y eso se debe hacer dentro del marco legal que pone el parámetro formal. Estamos acostumbrados a dejar de lado el marco legal, existe la visión de que se puede hacer cualquier cosa. Debemos pensar si vamos a tener una Subsecretaría de Pesca o una agencia de promoción del langostino”, apunta Guillermo Cañete. (Ver Bosch pretende delegar el control de Estado en los capitanes).

REVISTA PUERTO: ¿Ustedes ven que el rol del Subsecretario de Pesca se ha limitado a ser un promotor de productos?

GUILLERMO CAÑETE: Creo que sí, para no dejar pasar la abundancia de langostino se han tomado medidas muy discutibles, han ingresado a la pesquería de langostino barcos que no estaban en condiciones, lanchas amarillas que se transformaron en langostineros, se construyó un barco que no se ajustaba a las medidas reglamentarias… Todo eso habla de que se apoyó el incremento del esfuerzo.  Acá es de manual cómo se ha actuado en contra de un plan que contemple la capacidad pesquera.

RP: ¿Bajo qué parámetro consideran ustedes que se está realizando pesca ilegal?

GC: El artículo 21 de la Ley Federal de Pesca indica que está expresamente prohibido arrojar descartes y desperdicios al mar, en contra de prácticas de pesca responsable. Mi visión como  biólogo es que está prohibido y por eso estamos trabajando para lograr un dictamen legal, queremos tener documento que analice las implicancias del artículo 21 y cuáles serían las prácticas de pesca responsable que deberían atemperar esa prohibición. Así como está sería pesca ilegal.

RP: ¿Qué visión tiene del manejo de la pesquería?

GC: Hay varios factores aquí que dicen que de ninguna manera este es un manejo racional de los recursos. Los informes del INIDEP están señalando alarmas, está diciendo que no es posible sostener una tendencia creciente de esta manera. ¿Qué pasaría con una reducción del 30% de las capturas? tenemos más de 300 barcos que van a tratar de seguir siendo rentables con lo cual van a tener un bycatch mucho más grande y descontrolado.

RP: ¿Qué consecuencias podría tener para la industria un dictamen que diga que se realizan prácticas ilegales?

GC: Si el descarte es ilegal acá hay una serie de consecuencias que no se tienen en cuenta, por un lado los funcionarios que no pueden deslindarse de sus responsabilidades de hacer cumplir la ley y por otro lado está el rol de los mercados. Esta actividad económica de 1.300 millones de dólares depende de la abundancia del recurso, del mercado que compre y del precio. Entre el 40 y el 45% de las exportaciones de langostino va a España, Italia y Estados Unidos, la Unión Europea tiene regulaciones contra la pesca ilegal y la Argentina está certificando que las exportaciones se hacen en forma legal. En mi opinión les estamos mintiendo porque le estamos exportando langostino que podría encuadrar en la definición de Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada, lo que es un problema muy serio y mercados muy importantes se podrían cerrar, nos quedaría China pero a otro precio. Por lo tanto la ecuación de 1.300 millones de dólares está en riesgo.

RP: ¿Qué posibilidades existen de que la UE cierre el mercado del langostino?

GC: Nosotros vamos a presentar nuestra posición basados en ciencia y técnica, no tenemos vocación de presentar una denuncia ante la UE, lo que queremos hacer es trabajar para evitarlo pero la denuncia la puede hacer cualquiera, la puede hacer un competidor y ese es el riesgo, sobre todo existiendo un escaparate tan público como el de la certificación. Ese es el lugar donde la industria va a perder, porque no hay nada peor que no poder certificar para los mercados, hay que trabajar para evitarlo, nosotros no queremos que se llegue a eso.

RP: ¿Cómo afectan estos informes del INIDEP y como podría afectar un dictamen de la justicia sobre prácticas ilegales en la certificación del langostino?

GC: Hay una falta de comprensión en la lista de empresas que están involucradas en lo que significa una certificación, la certificación es un sistema público y los informes se cuelgan en la web quedando abiertos a comentarios de cualquier actor, incluso un competidor de Argentina y los comentarios se deben tener en cuenta.  Al ser público salen a la luz internacional las cosas que nosotros, como somos piolas, pensamos que podemos hacer aunque estén mal y no importa.

RP: ¿Qué pretenden que suceda con ese dictamen?

GC: El planteo es el siguiente: los funcionarios públicos tienen que hacer respetar la ley, la ley dice que el descarte es ilegal, no hay ninguna práctica de pesca responsable si pensamos que se está dando en un área de veda de merluza, con un arte de red de arrastre, sin artes selectivas e incrementando el esfuerzo y el bycatch. El Estado está avalando una pesca ilegal, los empresarios debieran percibir que hay un riesgo. Lo certificación no va a avanzar y muchos compradores preguntan, no por ecologistas sino porque temen por la provisión de la materia prima a futuro.

RP: ¿En qué medida puede afectar al sector pesquero esta situación a la hora de defender espacios de su interés en la designación de nuevas Áreas Marinas Protegidas?

GC: Hay un debate profundo entre la visión de conservación de quienes promovemos las AMP y el manejo pesquero, tanto a nivel privado como público; las agencias están enfrentadas y quieren bajar a Parques Nacionales como autoridad de aplicación de la ley. El tema es que esto no se arregla con una demostración de poder, se arregla mejorando el manejo. ¿Qué podemos esperar que pase en el 80% del mar que no está protegido con AMP, si la Argentina tiene un montón de áreas de veda en las que no se cumplen los objetivos en términos pesqueros? Si la pesca no protege la base de su actividad económica cómo va a cuidar algo que no le sirve.  La única manera de enfrentar esta controversia para la pesca es ser más transparentes. Conciliar esas visiones en un esquema de manejo balanceado permite avanzar, si no vamos a seguir enfrentándonos.

RP: La Secretaría de Ambiente señaló como áreas a ser protegidas cuadrantes que son de intensa actividad pesquera y específicamente langostinera. ¿Si no se toman medidas para evitar los descartes y la sobreexplotación, podrían insistir en proteger esas áreas?

GC: El considerar una AMP implica tener una visión ecosistémica más amplia, un área de veda es un sitio de protección de un aspecto crítico en la vida de un recurso para proteger, por ejemplo, la reproducción. Tener una visión más amplia implica una actitud de conciliación, de respetar lo que ellos mismos escribieron en una resolución. La única forma de conciliar dos posiciones extremas es generando acuerdos y aceptando que hay prácticas que mejorar, límites que cumplir y reglamentaciones que aceptar. En ese contexto se puede generar un acuerdo operativo pero en este momento estamos en la locura de ganar lo máximo posible con el langostino y llevarse puesto todo.  Nosotros vamos a seguir promoviendo AMP, estaría bueno que la pesca en lugar de oponerse genere buenas prácticas para fortalecer su posición, si tenemos pesquerías sustentables que pueden ser certificadas, tendremos un esquema de conservación de uso racional.

Fuente: Revista Puerto

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