Desoyen un fallo de la justicia para beneficiar al Grupo Moscuzza

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En noviembre de 2018 el juez Lavié Pinto de la Cámara Federal dictaminó que el permiso del buque Santa Eugenia era nulo de nulidad absoluta como así también las tranferencias que se hicieron a través de su permiso a los buques Don Cayetano, Itxas Lur y Stella Maris I. Los barcos siguen pescando y el Subsecretario de Pesca se abraza con el empresario.

La semana pasada apareció en el Acta del Consejo Federal Pesquero una transferencia de cuota de merluza para el barco Don Cayetano del Grupo Moscuzza. El nombre de la embarcación remitió al origen de su permiso caído en 1986 y a la posterior anexión de complemento de bodega que recibió del buque Santa Eugenia, al igual que ocurrió con los buques Itxas Lur y Stella Maris I. Se trata de un caso sobre el que el Estado mantiene un litigio con la empresa desde 2003, cuando en sede administrativa se resolvió que el permiso del Santa Eugenia era nulo de nulidad absoluta y por lo tanto también sus transferencias.

En noviembre de 2018, mediante un fallo impecable de la justicia, se dictaminó que el permiso era nulo de nulidad absoluta, quedando anuladas también las transferencias que derivaron de él. El actual subsecretario de Pesca, Juan Bosch, que el fin de semana pasado acompañó alegremente al empresario José Moscuzza en el recibimiento de dos barcos construidos en el exterior, desoye el fallo judicial y permite a Moscuzza seguir usufructuando ilícitamente los recursos pesqueros.

La historia y el fallo
El buque Santa Eugenia tenía un permiso precario y provisorio hasta el año 1989, cuando se le otorgó un permiso definitivo sin merluza hubbsi, merluza austral ni langostino. Pero en el año 1992, mediante una maniobra irregular y sin informe legal que lo avalara, el entonces Subsecretario de Pesca le otorgó autorización de captura para merluza y merluza austral.

En el año 1999 la empresa Moscuzza compra la quiebra de Mediterránea y su barco Santa Eugenia. Haciendo uso de ese permiso irregular, solicita la transferencia del permiso del barco hacia otros tres de su propiedad, el Don Cayetano; el Itxas Lur y el Stella Maris I.

En ese mismo año, a fines de la gestión menemista, Gumersindo Alonso, el secretario de Agricultura, Ganaderería y Pesca, autoriza la transferencia del permiso haciendo uso de la figura “complemento de bodega”, que no estaba contemplada en la Ley de Pesca y que generó por entonces un sobredimensionamiento de la flota con graves consecuencias biológicas.  A su vez este funcionario generó dos resoluciones que posibilitaron esta transferencia, las 182 y 45 de 1999.

Nélida Videla, por aquel momento funcionaria de la Dirección de Pesca a cargo del Dr. Quinque, puso en aviso a las autoridades del proceso irregular de transferencia que se estaba realizando, al transferir un permiso que no existía. Pero los informes generados no fueron considerados por las autoridades.

En el año 2002, cuando Nélida Videla es nombrada interventora de la Dirección de Pesca, volvió sobre el hecho administrativo irregular y generó un nuevo informe que elevó al Subsecretario de Pesca. Esta vez el informe fue tomado en cuenta y por la complejidad del caso y siguiendo un correcto procedimiento, se solicitó a la Procuraduría Nacional del Tesoro que analizara la situación.

La PNT concluyó, al igual que “Nelly” Videla, que el permiso del Santa Eugenia era nulo de nulidad absoluta e insalvable y que debía remitirse para la transferencia al único permiso legal con el que contaba la embarcación: definitivo, sin merluza hubbsi, sin merluza austral y sin langostino. Lo mismo concluyó la Universidad Nacional de Buenos Aires en su informe sobre revisión de permisos de pesca.

Ambos informes fueron tenidos en cuenta por la Subsecretaría de Pesca para dictar en 2003 la suspensión de las autorizaciones de captura generadas por el barco Santa Eugenia, derogar las resoluciones que lo habilitaron y generar acciones de lesividad en sede judicial para declarar la nulidad absoluta del permiso de pesca del Santa Eugenia.

En el año 2004 la firma Moscuzza accionó entonces contra el Estado Argentino, argumentando la generación de derechos y realizó acusaciones contra los funcionarios que habían tomado la decisión de suspender el permiso. Desde entonces se mantuvo un litigio que llegó a su fin el año pasado, cuando el juez Enrique Lavié Pico emitió su fallo (ver aquí el fallo completo).

A la misma conclusión que la AGN, la UBA, la Interventora de la Dirección Nacional de Pesca y el Subsecretario de Pesca, arribó el juez en 2018. El fallo ordenó declarar el permiso nulo de nulidad absoluta y lo mismo indicó para las resoluciones que le dieron vida a la transferencia del barco. Respecto de las demandas iniciadas por la empresa Moscuzza, ni siquiera las tuvo en cuenta por haber surgido como consecuencia de un hecho ilegal.

El subsecretario de Pesca, Juan Bosch, debería haber dado de baja el permiso una vez resuelta la situación en la instancia judicial, en los mismos términos en que lo había hecho su antecesor en 2003. El Estado, en esta instancia, debería haber intimado además a la empresa a restituir los beneficios obtenidos a partir de una adjudicación irregular del permiso.

Sin embargo, Juan Bosch deja que los barcos Itxas Lur, Stella Maris y Don Cayetano sigan operando y haciendo usufructo de los bienes del Estado de forma ilegal. Más aún, se mostró el fin de semana pasado en una reunión íntima en la que el empresario José Moscuzza recibió dos nuevos buques construidos en el extranjero. Agradeciéndole hasta la inversión que no había realizado en el país.

José Moscuzza, avalado por otro gobierno que le permite pescar ilegalmente en el Mar Argentino, hizo gala de su estilo gansteril y desafió a la prensa a que le diga las cosas en la cara. El empresario desconoce que los periodistas firmamos nuestras notas y así nos hacemos responsables de lo que decimos y que no arreglamos las cosas en la cara sino en todo caso en sede judicial, donde podría confirmarse nuevamente que desde hace 20 años la firma Moscuzza crece haciendo uso de los bienes del Estado de forma completamente irregular. Lo hace con los barcos que derivaron del Santa Eugenia, como con el enorme congelador Itxas Lur, nacido de una lancha amarilla abandonada en los noventa, el Don José Moscuzza que debió ser desafectado en la misma época; y también lo hará con sus nuevas adquisiciones, el José Marcelo y el Graciela, que hacen figurar con una eslora de 39,9 metros cuando en realidad tienen 47 metros.

Fuente: Revista Puerto

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